Cuando el legalismo es coartada

Hay una frase que la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido lo suficiente como para merecer análisis propio: "que investigue la fiscalía, si hay pruebas, que proceda". Suena impecable, republicana, hasta garantista. El problema no es la frase. Es cuándo se dice.

Apareció cuando se presentaron denuncias contra Adán Augusto López derivadas de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Apareció cuando su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso por desaparición forzada y señalado en investigaciones oficiales como líder de "La Barredora". Apareció cuando un diputado del PAN denunció a un hijo del expresidente López Obrador por su presunta relación con el huachicol fiscal, denuncia que la presidenta calificó de "pura politiquería". Y volvió a aparecer cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán y a un senador, entre otros, de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Es el mismo libreto, en cuatro tiempos. Uno: no hay denuncia formal. Dos: la fiscalía es autónoma, hay que dejarla trabajar. Tres: sin pruebas contundentes no se procede. Y cuando la acusación viene de fuera, se agrega el cuarto: se respeta la soberanía nacional. Cada paso, por separado, es defendible. Juntos funcionan como un mecanismo.

La politóloga Judith Shklar lo nombró en su libro Legalism (1964): legalismo. No es el respeto a la ley, que es otra cosa. Es la ideología que reduce la moral pública al cumplimiento de reglas procesales y presenta decisiones profundamente políticas como si fueran asuntos técnicos. Es la forma del Estado de derecho usada para producir su contrario.

El detalle que conviene mirar de cerca es este. La Fiscalía General de la República, por voz de su vocero, declaró que la solicitud de extradición contra el gobernador Rocha "no se acompaña de elementos probatorios suficientes" antes de evaluarla a fondo. Antes de aplicar el estándar, ya lo dieron por incumplido. Eso no es prudencia procesal: es anuncio. Y la presidenta lo selló desde la conferencia matutina: "si no hay pruebas, el objetivo es político". Es decir, la conclusión llega antes que la investigación.

La conclusión llega antes que la investigación.

El politólogo Guillermo O'Donnell explicó hace casi treinta años qué ocurre con instituciones así. Las llamó democracias delegativas: regímenes donde el Ejecutivo concentra y los órganos de control horizontal, fiscalías, contralorías, tribunales, se vuelven declarativos. Existen en el papel y funcionan en los discursos, pero cuando hay que activarlos contra el círculo del poder, no encienden.

Conviene ser claro, porque aquí es fácil malentender. Esto no es una defensa del gobernador Rocha, sobre quien pesa una acusación grave que él rechaza y que, por ahora, es presunta y sin sentencia. Tampoco es dar por cierta la acusación de Nueva York por el solo hecho de venir de Estados Unidos; el escepticismo frente a la geopolítica judicial estadounidense tiene su lugar. Lo que se señala es otra cosa, más duradera: la autoridad ya anunció, en cadena nacional, cómo va a terminar este expediente. Y, por el patrón, también los que vengan.

Hay un espejo que lo vuelve todo más nítido. Cuando esa misma justicia federal estadounidense condenó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, por conspirar con el narcotráfico, el oficialismo no pidió cautela ni invocó la soberanía: celebró la sentencia, la presentó como prueba del régimen anterior y la repitió a los cuatro vientos. Entonces el tribunal de Nueva York, el jurado estadounidense y el expediente armado en inglés merecían crédito absoluto, porque el condenado era del bando contrario. En 2026, con el mismo tipo de corte y el mismo tipo de prueba apuntando hacia adentro, la consigna se reduce a una palabra repetida dos veces: pruebas, pruebas.

A mi juicio, el estándar de prueba en México se mueve con la cercanía política, no con la gravedad del hecho. Cuando el acusado es de los propios, la fiscalía es un trámite que no acaba de empezar. Cuando es de la oposición, basta una conferencia de prensa.

El costo no lo paga este sexenio. Lo paga la idea misma de que en México existe algo parecido a una justicia institucional. Porque el día que esta administración necesite que se le crea, que una denuncia es seria, que una investigación es real, que una fiscalía es autónoma, ya nadie tendrá motivos para creerle.

Y esa, no las acusaciones de un fiscal extranjero, es la verdadera pérdida de soberanía.