Diseñada para perder

El 18 de agosto, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad presentó su informe mensual. Duró setenta minutos. En ese rato se anunciaron cámaras de videovigilancia y una reunión con presidentes municipales para extenderlas, un grupo de inteligencia dedicado a Cuautla, un chat directo con 1,350 comerciantes, veinte cateos, nueve detenciones en flagrancia, once vinculaciones a proceso, nueve sentencias condenatorias que suman 253 años de prisión, y un concierto por la paz en el Asta Bandera con la Sonora Dinamita.

Todo eso es cierto. Todo eso ocurrió. Hay que decirlo sin ironía, porque lo que sigue no se sostiene si primero no se concede.

En setenta minutos, la palabra "contratar" no se dijo una sola vez. Tampoco reclutamiento, ni convocatoria, ni academia, ni cadetes, ni plantilla. Lo contamos sobre la transcripción completa de la retransmisión.

Ahora los números que nadie puso en pantalla esa mañana, y que llevan meses publicados.

En los ocho municipios donde más creció la extorsión de Morelos entre enero y julio, que son las ocho economías más grandes del estado, viven 1,272,884 personas. Las cuidan 1,571 policías municipales. De esos 1,571, los asignados a la función de investigación son cero. Ni uno, en los ocho. No es una interpretación nuestra: es lo que cada ayuntamiento declaró al INEGI en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales, publicado el 19 de marzo de 2026.

En todo Morelos hay diecinueve policías municipales asignados a investigar, y dieciocho son de Temoac, un municipio que tiene dieciocho policías en total y que declaró a toda su fuerza simultáneamente en las cuatro funciones que pregunta el censo. Eso no es una unidad de investigación: es una forma de llenar el cuestionario. Descontado Temoac, en el estado queda uno, en Zacatepec.

Alguien dirá, con razón, que investigar no le corresponde al municipio sino a la Fiscalía. Es correcto, y por eso fuimos a ver la Fiscalía. Tiene 231 agentes del Ministerio Público, 382 policías ministeriales y 192 peritos: 805 personas investigando. Cero dedicadas a analizar información criminal. Antes de que eso se lea como anomalía local, hay que decir que dieciséis de las treinta y dos entidades del país declaran lo mismo. El hueco es nacional.

Lo que sí es de aquí es la proporción. El 49.2% del personal de la Fiscalía de Morelos es administrativo y de apoyo, contra el 27.5% nacional. De cada dos personas en la Fiscalía, una es de escritorio. Solo un estado la supera, San Luis Potosí, y ése declara noventa y un empleados en toda su fiscalía, cifra que no es creíble para un estado de casi tres millones de habitantes y que apunta a un problema de reporte.

A nadie se le puede pedir que gane un juego cuyas piezas fueron contadas de antemano.

El diseño se ve mejor cuando se mira la estructura de mando. En toda la policía municipal de Morelos hay once personas con grado jerárquico de mando: nueve suboficiales y dos comisarios. Ni un inspector, ni un oficial, ni un comisario general en las treinta y seis corporaciones. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente desde julio de 2025, manda en su artículo 74 que las instituciones policiales se organicen bajo jerarquización terciaria con célula básica de tres personas. Veintinueve de los treinta y cuatro municipios con dato tienen menos de cien elementos. Esa célula, sencillamente, no se puede formar.

Falta el sueldo. En cinco municipios de Morelos el rango salarial dominante del policía es de mil a cinco mil pesos mensuales: Jonacatepec, Ocuituco, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Temoac. En otros siete va de cinco a diez mil. Cuernavaca es el único municipio del estado cuyo rango dominante llega a los quince mil.

Hay dos municipios que ni siquiera entran en esta cuenta. Totolapan y Xoxocotla declararon al INEGI que en 2024 no tuvieron institución municipal de seguridad pública, y que ninguna otra institución ejerció la función en su territorio. Es la categoría más severa del censo: veintitrés municipios en todo el país cayeron ahí, y dos son de Morelos. Es una declaración del propio municipio y admite réplica, pero mientras nadie la desmienta, es lo que consta.

Michael Lipsky describió en Street-Level Bureaucracy que la política pública real no se decide en el escritorio del que la diseña, sino en la ventanilla del que la ejecuta con los recursos que le dieron. Lo que encontró es más duro: la escasez crónica no es un accidente que estorba la política, es la política. Cuando a una corporación se le fija el tamaño, el sueldo, la estructura de mando y las funciones asignadas, ya se decidió qué va a poder hacer y qué no, sin necesidad de escribirlo en ningún documento.

El mismo corte de caja trae lo que no cuadra con esta lectura. El operativo federal en Cuautla es real y grande: 394 elementos y 79 unidades desde el 31 de julio. Las sentencias son reales. El homicidio doloso en Morelos bajó doce por ciento en carpetas y trece y medio en víctimas frente a 2025. El vacío de analistas, insistimos, es de medio país.

No estoy diciendo que los policías de Morelos no sirvan. Estoy diciendo que a nadie se le puede pedir que gane un juego cuyas piezas fueron contadas de antemano. Para alcanzar apenas el promedio nacional de policías por habitante, a Morelos le faltan 325 elementos. No para estar bien: para estar en el montón.

Los censos que dicen todo esto llevan meses publicados: el municipal desde marzo de 2026, el de procuración de justicia desde octubre de 2025. La pregunta que queda abierta, y que cada quien puede hacerle a su presidente municipal, es cuántos policías ha contratado desde entonces.

Lo vamos a estar revisando aquí, con los mismos datos abiertos.

Ya no es solo Cuautla Ver el expediente →