Donde no hay hambre

El domingo 7 de junio de 2026, el PRI ganó las dieciséis diputaciones de mayoría en Coahuila con cerca del 55 por ciento de los votos, frente al 26 por ciento de Morena, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Un carro completo que, leído en frío, parece una anomalía estadística. Conviene detenerse en por qué lo parece.

En 2026, Morena gobierna desde casi todas las palancas del Estado mexicano. Tiene la Presidencia, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, una Suprema Corte afín y veinticuatro de las treinta y dos gubernaturas. El contraste con 2018 es elocuente: cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia en 2018, el PRI aún gobernaba alrededor de una docena de estados; al término de su sexenio le quedaban dos, Durango y Coahuila. El partido que gobernó México durante siete décadas quedó reducido a dos reductos, y Coahuila es uno de ellos. Esa es la razón de que Morena anunciara que se lo llevaría, y de que enviara a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y entonces secretario de Organización del partido, a operar personalmente la elección.

La derrota por dieciséis a cero invita a una pregunta tentadora: ¿no se hizo nada? La respuesta documental es que se hizo, y de manera considerable. De acuerdo con cifras de la propia Presidencia de la República, 934 mil 768 coahuilenses forman parte del padrón de los programas del Bienestar, lo que representa una derrama anual superior a 16 mil 400 millones de pesos en apoyos directos. No hubo desidia ni abandono presupuestal. Hubo una inversión social cuantiosa que, aun así, no se tradujo en votos.

La aritmética es la que descoloca. Con una participación del 50.6 por ciento, en Coahuila se emitieron alrededor de 1.26 millones de votos; el 26 por ciento de Morena equivale, en números redondos, a unos 330 mil sufragios. Es decir, hay casi tres veces más beneficiarios de los programas federales que votos obtenidos por el partido que los entrega. Aun descontando que muchos beneficiarios no acuden a las urnas, que las pensiones no constituyen un voto cautivo y que existen traslapes por hogar, el orden de magnitud es revelador: la transferencia no se convirtió en lealtad electoral local.

La explicación, a mi juicio, está en el perfil del estado. Coahuila es una de las cinco entidades con menor pobreza del país: 12.4 por ciento de su población vive en pobreza multidimensional y apenas 0.8 por ciento en pobreza extrema, según la medición de 2024. Es un estado industrial, con una clase media amplia y empleo formal. Para ese electorado, el apoyo social es un complemento, no una condición de supervivencia. Y quien no depende de la transferencia para comer no se percibe comprado por ella: vota por desempeño.

El politólogo estadounidense V.O. Key formuló hace seis décadas, en The Responsible Electorate (1966), una tesis que el resultado coahuilense ilustra con precisión: los votantes no son tontos. Key sostenía que el electorado premia o castiga gestiones concretas, en lugar de dejarse arrastrar por dádivas o propaganda. La ciencia política contemporánea lo ha refinado: en Brokers, Voters, and Clientelism (2013), Susan Stokes y sus coautores documentan que la compra de votos rinde sobre todo donde hay pobreza y dependencia, y se debilita allí donde el votante goza de autonomía económica. Coahuila, con su baja pobreza, es justamente el terreno donde el clientelismo pierde tracción.

Aquí conviene abrir la pregunta de fondo, que ofrezco como opinión: ¿no es una transferencia social, cuando se entrega con la consigna de que depende de que un grupo siga en el poder, una compra de voto con otro nombre? La distinción existe y está en la ley. El artículo 134 de la Constitución obliga a aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales castiga con prisión condicionar o presionar el voto con programas sociales. El problema, entonces, no es repartir: es repartir esperando obediencia. Un apoyo entregado como derecho no obliga a nada; entregado como contraprestación, deja de ser política pública.

El problema no es repartir: es repartir esperando obediencia.

Queda la pregunta de qué premió el coahuilense. La respuesta más consistente es la seguridad. En el plano nacional, ese es el flanco más débil del gobierno federal: la desaprobación de su manejo de la seguridad pública trepó a 66 por ciento entre abril y mayo, de acuerdo con la encuesta de El Financiero. En Coahuila ocurre lo contrario. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI ubicó al estado en el segundo lugar nacional en percepción de seguridad, con 62.4 por ciento de habitantes que dicen sentirse seguros. El dato no proviene del gobernador, sino del instituto autónomo de estadística. Coahuila le ganó a Morena en el único terreno donde Morena pierde a nivel nacional.

La salida de López Beltrán, a casi dos semanas de la jornada, completó el cuadro: su renuncia desmoralizó la operación territorial de Morena, según Proceso y Expansión. Cabe una lectura, que ofrezco como opinión: no se le retiró para ganar, sino porque la derrota se daba por descontada y convenía que no salpicara al heredero.

De ahí que la reacción del partido resulte reveladora. Esa misma noche, con el conteo todavía en marcha, la dirigencia de Morena ya tenía su explicación: el PRI habría comprado los votos, presuntamente mediante códigos QR y pagos de unos quinientos pesos por sufragio. La denuncia está ante las autoridades electorales, a las que toca resolverla con pruebas, y se ofrece aquí como lo que es, una acusación de parte. Pero la versión más amplia, la de que todos y cada uno de los votos priistas fueron comprados, dice más de quien la pronuncia que de Coahuila: indignarse por haber perdido con casi un millón de beneficiarios solo tiene sentido si se daba por hecho que el beneficiario debía el voto, y esa expectativa es la que delata la lógica clientelar. La salvedad es obligada: si se probara que el carro completo se armó con billetes de quinientos pesos, sería la misma compra con otro color. Lo que Coahuila eleva no es a un partido, es al votante.

Donde no hay hambre, la gratitud no alcanza.

La conclusión rebasa a Coahuila. Tener el poder federal completo, una popularidad presidencial cercana al 70 por ciento y un programa social que alcanza a casi un millón de personas no garantiza ganar una elección local. El apoyo compra afecto por la Presidenta; no compra obediencia en la urna del estado. Y donde no hay hambre, la gratitud no basta. Esa es la lección que el último bastión del viejo régimen acaba de darle al nuevo.