Dos fosas

El 24 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que "desde el año 2021 hasta el momento, no ha recibido denuncia, puesta a disposición o solicitud de intervención pericial" sobre las piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu, "en los términos que han sido difundidos". Un día después, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue más lejos que su propia Fiscalía: "es falso totalmente". Entre las dos frases hay una distancia que conviene medir. La primera es una negativa acotada, con su salvedad por escrito. La segunda es un desmentido sin papel que lo respalde.

Lo que se desmiente es la versión del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, que encabeza Margarita López Pérez: que desde 2021 ha recuperado en un predio de Zacapu cerca de 1,600 dientes de leche, en un sitio que describe como un crematorio artesanal. El caso llegó al Senado el 23 de septiembre, el mismo día en que el columnista Óscar Balderas lo narró en Milenio. La Fiscalía General de la República, en su comunicado 624/26 del 18 de septiembre, dio cuenta de una reunión de trabajo con el colectivo, pero no mencionó Zacapu ni los dientes. A la fecha no existe un solo dictamen pericial público que confirme o descarte el origen humano de las piezas, su número o la edad de quienes las habrían perdido.

Frente a un caso así, la tentación es repartir la duda en partes iguales: el colectivo dice una cosa, el gobierno otra, y la verdad estaría en medio. El registro de la última década no autoriza ese reparto. En el recuento que hicimos para esta columna, con base en prensa y documentos públicos, encontramos dos casos en que un colectivo se equivocó y un dictamen lo demostró. El más claro ocurrió en el volcán Xaltepec, en la Ciudad de México: en mayo de 2024, la Fiscalía capitalina determinó que los restos de un supuesto crematorio eran 14 huesos de perro y cenizas de llantas, basura y plástico. Encontramos también once acusaciones públicas de montaje o fabricación contra colectivos entre 2022 y 2026; ninguna se probó.

La lista contraria, la de negativas oficiales que después corrigió un documento, es más larga, y la más cercana está en Morelos. En diciembre de 2015, el gobernador Graco Ramírez afirmó que en la fosa de Tetelcingo, en Cuautla, "están vinculados todos los cadáveres a carpetas de investigación". La exhumación de mayo y junio de 2016, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presente, sacó 117 cuerpos; según el informe de la universidad, 34 no tenían carpeta o no estaban vinculados a ninguna. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó las irregularidades en su Recomendación 48/2016, y la exdirectora de Servicios Periciales fue vinculada a proceso el 11 de diciembre de ese año. En marzo de 2017, en Jojutla, la Fiscalía habló de 35 carpetas para las fosas del panteón; al cerrar la primera etapa se habían exhumado 45 cuerpos. Patrocinio, en Coahuila, y Las Bajadas, en Veracruz, siguieron el mismo guion: primero la cifra corta o el "esqueleto de un perro", después la corrección.

Nada de eso prueba lo que hay en Zacapu. Prueba algo más modesto y más útil: que un "no tenemos registro" no equivale a un peritaje, y que en México el silencio institucional acumula un historial que no permite leerlo como desmentido.

Un "no tenemos registro" no equivale a un peritaje.

Tampoco la cifra que más ha circulado resiste sin condiciones. Los "más de 80 niños" que menciona López salen, según la única reconstrucción publicada del cálculo, de dividir 1,600 piezas entre las 20 de una dentición de leche. La operación no exagera, contra lo que se ha dicho: como cada niño tiene un solo diente de cada posición, 1,600 piezas humanas, de leche y completas obligan a contar por lo menos 80 individuos. El problema no es la aritmética, son las premisas. Nadie ha verificado en público que las piezas sean humanas, que sean de leche ni que sean dientes completos y no fragmentos quemados.

Hay una prueba que resolvería buena parte del caso sin esperar laboratorios de genética. La reabsorción de la raíz es "un proceso fisiológico de la dentición temporal previo a la exfoliación", según un artículo de revisión publicado en Odontología Pediátrica, y hacia los tres años y medio todos los dientes de leche de un niño tienen la raíz completa. Un diente que se cayó solo llega casi sin raíz; el de un niño pequeño que murió con él puesto la conserva. La diferencia se ve al microscopio. Si las piezas de Zacapu resultaran ser dientes mudados, el caso se derrumbaría. Si conservan la raíz, la Fiscalía tendría que explicar por qué no abrió expediente. En cualquiera de los dos sentidos, el examen resuelve, y nadie lo ha hecho público.

Aquí sirve el concepto de Achille Mbembe. La necropolítica describe el poder de decidir quién vive y quién muere; en México se ejerce también en una versión administrativa, que decide qué muertes existen en papel y cuáles se quedan en la palabra de quien las denuncia. Las cifras la retratan. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada estimó en abril de 2026 unos 72,000 restos humanos sin identificar en los servicios forenses del país. La Comisión Nacional de Búsqueda retiró en 2024 su mapa público de fosas. El Registro Nacional de Fosas, cuyos lineamientos publicó la FGR en 2023, no tiene versión pública. El registro oficial de personas desaparecidas y no localizadas sumaba 130,913 al 27 de septiembre.

No afirmo que en Zacapu exista un crematorio con decenas de víctimas infantiles. Afirmo que nadie ha presentado la prueba que permitiría saberlo, y que la carga de presentarla no le corresponde a un grupo de madres que mantiene un plantón frente a la FGR desde el 9 de septiembre, sino a las instituciones que tienen el mandato, el laboratorio y el presupuesto.

La pregunta que deja Zacapu no es cuántos dientes hay en un predio de Michoacán. Es cuánto puede sostenerse un desmentido sin dictamen en un país donde varias fosas que la autoridad declaraba en orden se desordenaron al abrirse. Tetelcingo tardó medio año en abrirse. En Zacapu, según el colectivo, la cuenta ya va en cinco.