El banco que se audita en inglés

Cinco millones y medio de pesos en multas no deberían quitarle el sueño a nadie en un banco. Para una institución que mueve las pensiones de millones de mexicanos, esa cantidad es polvo. Por eso, cuando se conoció que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había sancionado diez veces al Banco del Bienestar en lo que va de 2026, por un total de 5,553,120 pesos, la reacción natural fue encogerse de hombros. Sería un error. La cifra es trivial; lo que revela, no.

El primer dato que desarma esa trivialidad es la reincidencia. Entre 2020 y 2026 el banco acumula alrededor de treinta sanciones, y ninguna ha sido liquidada; varias están impugnadas por la vía del amparo. No se trata de un tropiezo aislado, sino de un patrón que se repite año con año sin consecuencia efectiva. La multa más alta del ciclo actual, 1,443,300 pesos impuesta el 10 de abril, fue por deficiencias en la administración integral de riesgos, según el registro de la propia CNBV reproducido por El Universal. El resto se reparte entre registros contables, disposiciones prudenciales y medidas básicas de seguridad.

Hay, sin embargo, un concepto que obliga a detenerse. De acuerdo con la información difundida, entre las observaciones figura que el banco no implementó medidas para evitar que los retiros de efectivo en sus sucursales pudieran ser aprovechados, por terceros o por personal interno, para operaciones irregulares. Conviene escribirlo con todas sus letras y con todas sus cautelas: nadie ha acusado al Banco del Bienestar de lavar dinero. La autoridad no sancionó un delito, sancionó una omisión. La distinción no es un tecnicismo. Una cosa es emplear una institución para blanquear recursos; otra, muy distinta, es no colocar los candados que lo impedirían. Al banco se le reprocha lo segundo, y solo lo segundo.

Una cosa es lavar dinero; otra, muy distinta, es no poner el candado. Al banco lo multan por lo segundo.

Esa omisión pesa más por la naturaleza de la institución. El Banco del Bienestar, heredero del antiguo Bansefi, no es únicamente el dispersor de los programas sociales. Es una banca de desarrollo de primer piso, abierta al público, que recibe depósitos en ventanilla, en efectivo, desde cincuenta pesos, según su propio contrato de cuenta básica. Con cerca de tres mil sucursales, buena parte construidas por las Fuerzas Armadas, y más de veintiséis millones de cuentas, opera probablemente la mayor red de manejo de efectivo del país. Un sistema de esa escala, con controles débiles, es justo el perfil que enciende las alarmas de cualquier autoridad dedicada a perseguir el lavado de dinero.

Y aquí la noticia local se vuelve geopolítica, porque en 2026 la autoridad que con más fuerza vigila el lavado en el sistema financiero mexicano no se encuentra en la Ciudad de México, sino en Washington. En junio de 2025, la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense (FinCEN) designó a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector, como focos primarios de preocupación por lavado vinculado al tráfico de fentanilo, bajo una facultad legal estrenada para ese fin; las órdenes entraron en vigor en octubre. A esa presión se sumó, ya en 2026, el escándalo del huachicol fiscal, donde la Fiscalía General investiga por lavado a mandos de la Marina y reaparece una casa de bolsa mexicana como presunto conducto del dinero ilícito. Todo ello transcurre, además, con la renegociación del T-MEC operando como palanca de fondo.

Sobre ese tablero, la decisión de la CNBV de multar a su propio banco insignia admite, a mi juicio, dos lecturas que no se excluyen. La primera es la de una vulnerabilidad expuesta: el banco del Estado, el que recibe el efectivo de los más pobres, muestra las debilidades de control que el vecino del norte persigue con celo. La segunda, más incisiva, es la de un gesto defensivo: un Estado que documenta su propia vigilancia para poder exhibirla. "Aquí sancionamos, incluso a nuestra institución bandera" es un argumento útil ante FinCEN y en la mesa comercial. Que las multas no se cobren y se litiguen en amparo no contradice esa lectura: la refuerza.

No importa la recaudación, sino el registro público de la sanción.

Dos ideas ayudan a nombrarlo. Los politólogos Henry Farrell y Abraham Newman acuñaron en 2019 el concepto de interdependencia armada (weaponized interdependence): la capacidad de una potencia para convertir las redes económicas que todos comparten, como la compensación en dólares, en instrumentos de coerción. Juan Zarate, que diseñó buena parte de esa arquitectura desde el propio Tesoro, la había descrito antes en un libro cuyo título lo dice todo: Treasury's War, la guerra del Tesoro. Vista así, la multa mexicana no es solo un acto interno de rendición de cuentas, la accountability horizontal que el politólogo Guillermo O'Donnell definió como la capacidad de unas instituciones del Estado para fiscalizar a otras; es una rendición de cuentas cuyo destinatario último puede estar fuera del país.

No tengo pruebas de que el calendario de la CNBV obedezca a un cálculo dictado desde Washington, y sería deshonesto afirmarlo: los hechos sancionados datan de 2020 a 2023 y bien podrían imponerse ahora por los tiempos ordinarios del procedimiento. Pero los puntos están sobre la mesa, y la línea que los une cuesta ignorar. El Banco del Bienestar respondió que sus usuarios y los recursos del bienestar están a salvo, que las observaciones corresponden a 2023 y que ya fueron atendidas con controles reforzados. Ojalá sea así. La pregunta que queda, sin embargo, es más grande que cinco millones de pesos: ¿ante quién rinde cuentas, en realidad, el regulador mexicano? Cuando el cajero más grande del país se audita pensando en cómo se leerá su expediente del otro lado de la frontera, la soberanía financiera está, ella también, tramitando una suerte de amparo.