El doctorado de cortesía

El 9 de julio, el ayuntamiento de Cuautla anunció a su nueva secretaria municipal con un título de peso. El boletín oficial, número 2121, la presenta como "la Doctora en Derechos Humanos Bárbara Yazmín Bahena Martínez". Unas líneas más abajo, el mismo texto aclara, casi de pasada, de qué doctorado habla: uno "Honoris Causa". En ese salto de tres renglones cabe entera la anatomía de un fenómeno nacional.

Conviene empezar por lo verificable, porque aquí los documentos hablan solos. La constancia de la funcionaria en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, consultable por cualquiera, registra dos cédulas: la de licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la de maestra en Juicios Orales, por el Instituto Azteca de Formación Empresarial. No aparece ninguna cédula de doctorado. Para el Estado mexicano, su grado máximo es la maestría. El "doctorado" del boletín no está en ese registro porque un honoris causa no es un grado académico, y por definición no puede estarlo.

Conviene dimensionar la diferencia. Un doctorado que se estudia certifica el dominio de un campo: exige años de investigación, una tesis con aportación original y su defensa ante un jurado. Un honoris causa es otra cosa. Es la máxima distinción honorífica que una universidad concede a quien ha realizado una obra excepcional, y la propia UNAM lo aclara por escrito en su reglamento: "no es, ni lo pretende, ser un grado equivalente al que se concede por haber satisfecho los requisitos de la formación doctoral". Ni siquiera el honoris causa legítimo acredita que alguien "sepa" la disciplina. Honra una trayectoria, no certifica un saber. Por eso es escaso: la UNAM ha entregado poco más de 200 en más de un siglo, 14 de ellos en 2025.

¿De dónde viene el de la nueva secretaria? El propio boletín ofrece la pista al presumir su "Presea Nacional Concepción Arenal" de 2024. Ese reconocimiento no es una condecoración del Estado. Lo entregan, en una gala privada, dos asociaciones civiles: el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria y el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, mejor conocido como IMELE. En la lista de galardonadas de aquella ceremonia, celebrada en marzo de 2024 en el hotel Hilton Reforma, la funcionaria figura ya con el "Dra." por delante. En esa misma gala fue reconocida la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuyo doctorado honoris causa documentó la revista emeequis como parte de un historial académico cuestionado.

Titulitis sin título: se compra la palabra doctor, no el conocimiento.

IMELE no es una universidad. Es la asociación civil que investigaciones de Reporte Índigo y de otros medios han descrito como una fábrica de honoris causa: presume haber entregado más de 2,000, con cobros que la prensa ubica, en su caso, entre 40,000 y 90,000 pesos. En el mercado más amplio de estas distinciones, reporteros que se hicieron pasar por candidatos obtuvieron el suyo en menos de 24 horas a cambio de una "aportación" de 35,000 pesos, sin tesis, sin examen, sin mérito comprobado. En el muro que la propia institución exhibe conviven, con toga y birrete a veces añadidos por computadora, desde jefes de Estado y una premio Nobel de la Paz hasta gobernadores, generales y luchadores profesionales. Aparecer en ese muro no prueba que la persona lo haya solicitado. Pero el muro es, precisamente, el producto.

La ley cuida la palabra "título" con severidad. El artículo 5º constitucional y su ley reglamentaria exigen título y cédula para ejercer una profesión regulada, y ostentarse como profesionista sin ellos configura el delito de usurpación de profesión, castigado en el Código Penal Federal con hasta 6 años de prisión. Un honoris causa no otorga cédula, la SEP no lo registra y, como coinciden los especialistas, puede usarse en un plano social o protocolario, pero "no debe hacer un uso profesional o académico del título". El matiz es el corazón del asunto. Una cosa es que un particular se presente como "doctor" en una cena. Otra muy distinta es que un gobierno lo consigne, con área incluida, "Doctora en Derechos Humanos", en un boletín oficial, como si fuera una credencial. No hay aquí acusación de delito. Hay una pregunta legítima que el ayuntamiento no respondió: ¿qué institución otorgó ese grado, y por qué se presenta como lo que no es?

Lo que sigue es lectura, no dato. Que estas distinciones se apelmacen sobre quienes ocupan el poder no es casualidad, es el modelo de negocio. El poderoso ya tiene poder; lo que le falta es la legitimidad del mérito, esa que las urnas no reparten. Y eso es justo lo que el mercado del honoris causa vende: la conversión del dinero y del cargo en la apariencia de autoridad intelectual. Bourdieu lo llamó poder de consagración, la magia social de nombrar. El honoris causa comprado es su falsificación: produce la palabra "doctor" y la foto de toga, un signo desprendido de la competencia que supuestamente representa. Titulitis sin título. Sirve, en una palabra, para el bluff.

Que ese bluff llegue a la ventanilla de un ayuntamiento dice algo del momento de Cuautla, un municipio cuyo alcalde electo fue detenido este año por presunto vínculo con el crimen organizado y cuyo gobierno quedó desfondado por la Operación Enjambre. Donde la institucionalidad real se derrumba, la apariencia de institucionalidad se vuelve mercancía urgente. Un doctorado de cortesía, colgado en la pared, no gobierna mejor. Apenas alcanza para la foto.