El dólar más honesto

Conviene empezar por una pregunta incómoda de responder con honestidad: ¿cuál es el dinero más limpio que entra a México? No el de la inversión extranjera, que llega con cláusulas y abogados. No el del gran capital, que se mueve por paraísos y fideicomisos. El más limpio, en el sentido más literal, es el del que se fue: el que trabaja la jornada doble en una cocina de Chicago o un campo de California y, cada quincena, manda doscientos o trescientos dólares a su familia. En 2025 ese goteo sumó alrededor de 61 mil 800 millones de dólares, una cifra que equivale a cerca del 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto y supera lo que el país capta por inversión extranjera directa. Es, en rigor, el principal programa social de México, solo que no lo paga el Estado: lo pagan los ausentes. Y es, paradójicamente, el dinero sobre el que en los últimos meses se han posado más manos.

Por el norte, ya se grava. El 4 de julio de 2025, el presidente Donald Trump firmó la llamada One Big Beautiful Bill Act, que incluyó por primera vez un impuesto federal a las remesas. La versión original contemplaba 5 por ciento; la presión del gobierno mexicano y el cabildeo de la banca lo redujeron a 1 por ciento, vigente desde el 1 de enero de 2026. El diseño tiene una astucia que conviene subrayar: el gravamen recae solo sobre los envíos en efectivo, giro o cheque de caja, y exenta las transferencias de banco a banco o con tarjeta estadounidense. El efecto no es tanto recaudatorio como disciplinario: empuja a los migrantes hacia el canal digital, donde cada movimiento queda registrado. En enero de 2026, el 98.6 por ciento de las remesas ya viajó por transferencia electrónica. Estados Unidos comenzó a cobrarle a su propia diáspora por el acto de enviar su propio salario, y de paso la condujo a un riel donde todo se observa.

Por el sur, se vigila. El mismo gobierno mexicano que defiende las remesas como ingreso honrado, y hace bien en defenderlo, también empezó a mirarlas con lupa. El 3 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que las remesas estén ligadas al lavado de dinero, pero anunció que se revisaría una transferencia superior a un millón de dólares procedente de Afganistán, señalada como anomalía. El 2 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera firmó un convenio con la Fiscalía de Zacatecas para rastrear las estructuras financieras del crimen organizado. Y de cara al Mundial, la propia UIF, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, alertó a bancos, fintechs y transmisores de dinero para reforzar el monitoreo de operaciones inconsistentes con el perfil del cliente.

Al peso del migrante: impuesto y sospecha; al capital grande, nadie le revisa la maleta.

Aquí es donde el caso pide una lectura, y la ofrezco como opinión, no como hecho. La anomalía que detonó las alarmas fue una sola transferencia, de un millón de dólares, desde Afganistán. No los envíos de trescientos dólares de las decenas de millones de familias que dependen de ellos. Sin embargo, la mecánica del control tiende a invertir la carga: la excepción se usa para justificar la vigilancia del conjunto. Al peso del migrante se le suma, en el mismo año, un impuesto en origen y una sospecha en destino, por un delito que no cometió. Y mientras el envío modesto del trabajador queda marcado y rastreado, el capital de gran escala continúa cruzando fronteras con una opacidad que ninguna alerta bancaria parece alcanzar con la misma diligencia.

La socióloga Viviana Zelizer demostró en 1994, en El significado social del dinero, que el dinero nunca es una sustancia neutra y fungible: las sociedades lo marcan, lo separan en categorías morales, distinguen el dinero del salario del de la herencia, el del regalo del de la propina. La remesa pertenece a una categoría inconfundible: es dinero de cuidado, lo que un hijo envía a su madre, lo que sostiene a quien se quedó. Lo que estos meses han añadido es una doble marca nueva sobre ese mismo billete: gravable, según el fisco del norte; sospechoso, según la vigilancia del sur. La misma transferencia que para una familia es el pago de la renta y la medicina, para dos burocracias es una base imponible y una operación a monitorear.

Nada de esto equivale a negar que el lavado de dinero exista o que deba combatirse; debe combatirse, y con rigor. La cuestión, más fina, es sobre quién recae la presunción. Cuando la vara de la sospecha desciende con más facilidad sobre los trescientos dólares del que emigró que sobre los millones del que nunca se mueve de su despacho, el orden de la prueba se ha trastocado. Combatir el lavado persiguiendo primero al remitente humilde es empezar la casa por el tejado, y arriesgarse a encarecer y estigmatizar el ingreso más noble del país para atrapar a quienes, justamente, tienen los medios para enviar su dinero por las rutas que nadie grava ni revisa. Porque, a juzgar por las cifras, el dólar más honesto de México ha terminado siendo el más gravado y el más vigilado.