El freno que no se escribió

En 1980, el filósofo Joel Feinberg formuló una de las ideas más nobles que ha producido la filosofía del derecho: el niño posee derechos en fideicomiso, facultades que todavía no puede ejercer pero que ejercerá cuando madure. El adulto que lo cuida no es dueño de esos derechos: es su custodio. De ahí se sigue una obligación exigente, la de no tomar decisiones que cierren de manera irrevocable las opciones de la persona futura. Feinberg lo llamó el derecho del niño a un futuro abierto.

Es el mejor argumento que existe contra permitir que una persona menor de edad rectifique su identidad de género en el acta de nacimiento. Es también, exactamente, el que sostienen quienes en Puebla se niegan a cumplir una sentencia de la Suprema Corte. La diputada Nayeli Salvatori, de Morena, ha dicho que los menores carecen de madurez para una decisión así, y lo ha dicho desde su condición de madre. Delfina Pozos, del PRI, que a los niños todavía hay que guiarlos. En junio de 2026, la organización CitizenGO entregó al Congreso local 24,500 firmas ciudadanas en el mismo sentido.

Conviene tomar ese argumento en serio, y para tomarlo en serio hay que seguirlo hasta el final. Ahí es donde se vuelve interesante, porque termina en un lugar distinto del que sus defensores suponen.

La secuencia es lo que casi nadie está contando.

El 25 de febrero de 2021 el Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley Agnes con 34 votos a favor y ninguno en contra. Aquella ley reconocía la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo, sin cirugías ni tratamientos hormonales, y solo para mayores de edad. En abril de ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó, y el 3 de marzo de 2022 el Pleno de la Suprema Corte invalidó por unanimidad el límite de edad y extendió el derecho a niñas, niños y adolescentes.

Doce meses separan una cosa de la otra. El punto no es menor: nadie votó esa extensión. Los 34 legisladores que levantaron la mano en 2021 aprobaron un texto y terminaron con otro.

A ese fenómeno se le llama pendiente resbaladiza y suele descartarse como falacia retórica. No siempre lo es. Eugene Volokh dedicó a ello un estudio publicado en la Harvard Law Review en 2003, donde identifica mecanismos concretos por los que la pendiente opera de verdad: cada precedente abarata el costo político y jurídico del paso siguiente, y los tribunales extienden lo que ya fue concedido. Descrito así, deja de ser un temor y se vuelve una descripción de cómo funciona un sistema jurídico.

El caso de Jalisco lo muestra con más nitidez todavía, porque allí ni siquiera hizo falta un tribunal.

El 30 de octubre de 2020 entró en vigor un acuerdo del gobierno estatal que habilitó el reconocimiento de la identidad de género sin restricción de edad, con consentimiento de quienes ejercen la patria potestad en el caso de menores. No fue una ley aprobada por el Congreso: fue un reglamento del Registro Civil. Jalisco se convirtió así en el primer estado del país en reconocer el derecho a las infancias trans, y lo hizo sin que un solo diputado lo votara.

Cuando el legislador no escribe la regla, la regla no desaparece. La escribe alguien más.

Cuando el Congreso jalisciense finalmente votó, el 7 de marzo de 2025, votó en contra: 21 votos por el rechazo, 13 a favor y una abstención. El propio boletín oficial de esa legislatura consigna que la reforma se presentaba para dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte. Rechazaron la ley, y el trámite continuó operando, porque nunca había dependido de ellos. En enero de 2026 la Corte ordenó revisar una denuncia por posible incumplimiento y advirtió sanciones.

Que la pendiente puede llegar lejos no es una especulación. En Inglaterra, el servicio de identidad de género para menores del Tavistock pasó de unas 250 derivaciones en el ciclo 2011-2012 a más de 5,000 una década después, y derivó a cerca de 2,000 menores a bloqueadores de la pubertad. El sistema nacional de salud decidió cerrarlo, y lo hizo en marzo de 2024; ese mismo mes Inglaterra dejó de prescribir bloqueadores en esas clínicas por ausencia de evidencia sobre su seguridad y eficacia. Fue una década de deslizamiento, y el freno llegó tarde.

Hay, sin embargo, algo que juega en dirección contraria, y proviene del mismo Jalisco. Cinco años de trámite abierto sin restricción de edad no produjeron la avalancha que suele anunciarse. En Zapopan, entre 2020 y 2024, se realizaron 259 cambios de género en actas de nacimiento, de los cuales 14 correspondieron a personas menores de edad. Catorce en cuatro años, en uno de los municipios más poblados del país. El dato es de un solo municipio y de una sola fuente, y por eso se ofrece acotado, pero apunta en una dirección que conviene no ignorar. En el mismo sentido, ninguno de los países que abrieron el registro a menores abrió con ello el quirófano: Noruega mantiene los 18 años para la cirugía de reasignación y España prohíbe la modificación genital antes de los 12.

Lo que despeñó a Inglaterra no fue tener una ley. Fue no tener reglas. Durante diez años no hubo edades escalonadas, ni un juez que revisara los casos difíciles, ni un límite escrito en ninguna parte: hubo una clínica derivando pacientes y nadie mirando.

En Puebla, un tribunal escribió la regla. En Jalisco, una oficina del Registro Civil. En ninguno de los dos casos la escribió el órgano que tiene el mandato constitucional de escribirla. Porque cuando el legislador se abstiene, la regla no desaparece: la redacta alguien más, con menos deliberación, menos publicidad y menos responsabilidad política.

De modo que quien invoca a Feinberg para justificar el silencio ha entendido a medias al autor que cita. Feinberg no pide únicamente que el adulto se abstenga de decidir de más. Pide que custodie. El custodio que se cruza de brazos no está protegiendo un fideicomiso: lo está abandonando.

En Puebla, el artículo que exigía dieciocho años fue expulsado del orden jurídico en marzo de 2022 y el Congreso lleva cuatro años sin escribir lo que va en su lugar. El resultado no es que el umbral se conserve, sino que hoy no exista ninguno: ni edades, ni intervención judicial, ni obligación de escuchar al menor, ni regla aplicable cuando los progenitores discrepan.

Contra una pendiente no protege el silencio. Protege una ley con frenos escritos. España redactó los suyos en 2023: rectificación autónoma a partir de los 16 años, asistencia parental entre los 14 y los 16, y autorización judicial entre los 12 y los 14. El control más estricto donde la persona es más pequeña. Puebla podría aprobar ese modelo mañana y estaría cumpliendo la sentencia y poniendo límites en el mismo acto.

Lleva cuatro años sin poner ninguno.

El futuro que hoy quedó sin proteger no es el que abrió la Corte. Es el del freno que nadie se sentó a escribir.