El impuesto del miedo

En el expediente de la gran baja mexicana hay un delito que no recibió el memorándum. El homicidio cae a mínimos de una década; los robos en todas sus variantes acumulan descensos de 40 a 60 por ciento desde sus picos; el secuestro, al menos en el papel, casi se extinguió. Y en medio de ese coro descendente, un solo delito de alto impacto toca su máximo histórico: la extorsión. 10,507 carpetas de investigación en 2025, la cifra más alta desde que existe la serie, 75 por ciento más que en 2015, 56 por ciento más que en 2018. El cobro de piso es el único indicador que ningún sexenio ha logrado doblar.

El mapa de quiénes la encabezan desmiente cualquier lectura geográfica fácil. La Ciudad de México, sede de todos los poderes y de la mayor densidad policial del país, duplicó sus carpetas de extorsión desde 2019: de 856 a 1,753. Guanajuato pasó de 18 carpetas en 2019 a 1,275 en 2025, setenta veces más, al ritmo de la disputa por sus rutas y plazas. Nuevo León, el estado más rico, casi duplicó. Y la primera tasa nacional por habitante no está en ninguna frontera: está en Morelos, como documentó la entrega anterior de esta serie.

Pero la verdadera noticia está en la otra orilla del mapa, donde el delito oficialmente no existe. Yucatán registró dos carpetas de extorsión en todo 2025. Dos. Chihuahua, con Ciudad Juárez incluida, diez. Tlaxcala, doce. Tomadas en serio, esas cifras dirían que a un comerciante de Juárez le cobran piso ochenta veces menos, en proporción, que a uno de Cuautla. Nadie que haya pisado este país lo cree. Lo que esos ceros miden no es paz; es silencio. Según la encuesta nacional de victimización del INEGI (ENVIPE 2025), el 97 por ciento de las extorsiones jamás llega a una carpeta de investigación, la segunda cifra negra más alta de todos los delitos, solo detrás del secuestro. El récord de 10,507 carpetas es, por tanto, la punta visible de un iceberg sin medición completa: cuando el delito menos denunciado del país rompe récord aun así, lo que está creciendo no es la estadística. Es el fenómeno.

¿Por qué la extorsión no baja cuando todo baja? Porque pertenece a otra categoría ontológica, y el primero en explicarlo no fue un criminólogo sino un sociólogo de los Estados. Charles Tilly escribió en 1985 un ensayo de título deliberadamente escandaloso: "Hacer la guerra y hacer Estado como crimen organizado". Su tesis: los Estados europeos nacieron exactamente así, cobrando protección contra amenazas que ellos mismos administraban, hasta que la renta se institucionalizó, se llamó impuesto y se volvió legítima. Quien cobra por dejar trabajar no está cometiendo un delito aislado: está gobernando. Tiene padrón de contribuyentes, tarifas diferenciadas, cobradores con ruta y un régimen de sanciones por mora que se aplica con una puntualidad que ya quisiera el SAT.

Esa naturaleza explica su inmunidad a la estrategia actual. El homicidio es un evento: se puede disuadir con presencia, contener con operativos, negociar entre facciones. El robo es oportunista: cede ante cámaras y candados. La extorsión es una renta, y las rentas no se desploman deteniendo cobradores; se transfieren al siguiente. Detener al que cobra sin desmontar al que administra el padrón equivale a despedir al cajero creyendo que se quiebra al banco. Por eso las 54 mil detenciones que el gobierno presume conviven sin contradicción con el récord extorsivo: la fila del cobro nunca depende de un solo empleado.

Las rentas no se desploman deteniendo cobradores; se transfieren al siguiente.

La consecuencia conceptual debería alarmar más que cualquier tasa de homicidio, porque invierte el signo de la celebración. Una violencia letal que baja mientras la renta criminal sube no describe necesariamente un crimen en retirada; describe, en la gramática de Tilly, un crimen que maduró. Las organizaciones que ya no necesitan matar para cobrar no son más débiles: son más Estado. La sangre es el costo de instalación; la cuota es el dividendo de la consolidación. Un territorio donde matan menos y cobran más no se pacificó: se regularizó, bajo un reglamento que nadie votó.

México opera así con dos sistemas tributarios simultáneos. Uno emite facturas, se audita y financia escuelas. El otro emite amenazas y recauda, sin deducciones ni amparos, en cada tianguis, cada ruta de transporte, cada tortillería, cada obra en construcción. Del primero conocemos la recaudación al peso; del segundo no existe siquiera una estimación oficial seria, y ese vacío de medición es en sí mismo una decisión política. Lo que no se mide no se combate; lo que no se combate, se cobra.

La serie histórica termina de redondear la advertencia: la extorsión ha subido con gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, con guerra frontal y con abrazos, con crisis y con bonanza. Es el indicador más estable de la economía mexicana después de las remesas. Mientras esa línea no se quiebre, toda celebración de la paz será un brindis dentro de un negocio ajeno. El homicidio bajó; la renta del miedo subió. Y un país donde matan menos pero cobran más no está en paz. Está en regla. En la regla de ellos.