El inventario

Hay una pregunta que suena a trámite y que hoy ningún papel público de Morelos puede contestar: cuántas cámaras de vigilancia tiene Cuautla.

No es que el dato esté escondido. Es que hay siete respuestas, todas de la autoridad, todas de los últimos tres años, y ninguna coincide con otra.

En junio de 2022 la prensa local hablaba de 21 cámaras en las avenidas principales, más seis drones. El 1 de agosto de 2025, un diagnóstico del gobierno estatal citado en un editorial decía que había 200 puestas y que servían cuatro. Seis días después, el 7 de agosto, el secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dio la cifra que se volvió la más repetida: 177 puestas, cuatro sirviendo, y de paso soltó que una ciudad de ese tamaño "debería tener al menos mil cámaras de videovigilancia".

En noviembre de 2025 el propio Urrutia reportó 144 cámaras arregladas. El 27 de ese mes, el entonces alcalde Jesús Corona Damián dijo que en Cuautla operaban 184 conectadas al C2. Son cuarenta más de las que reportaba, tres semanas antes, el gobierno que hizo la reparación. El 8 de enero de 2026, en su primer informe, ese mismo alcalde dijo que la red tenía más de 110.

184 en noviembre, más de 110 en enero. Entre una cifra y otra hay seis semanas y ningún hecho conocido que explique la diferencia.

El asunto deja de ser de aritmética cuando le pones el dinero encima.

El 21 de abril de 2024, en campaña por la reelección, Rodrigo Arredondo López dijo que su gobierno había invertido "40 millones de pesos en el combate al crimen", contra cinco millones del anterior. Lo publicaron el mismo día Excélsior y La Crónica de Hoy, con las mismas cifras, y en las dos notas la lista de lo comprado incluye por su nombre las cámaras de videovigilancia.

Enfrente de esa declaración está el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI, que salió el 19 de marzo de 2026. Ahí hay una pregunta sobre lo que cada municipio gastó en tecnología para combatir el delito, con un renglón aparte para cámaras. El ayuntamiento de Cuautla contestó cero pesos. En 2023 y en 2024.

Alguien puede decir, con razón, que esas cámaras se hayan anotado en otro renglón del gasto. Fui a revisarlo casilla por casilla. El municipio contestó "no cuenta con elementos para responder" cuando le preguntaron su presupuesto, los nueve renglones en que se divide el gasto, lo que le dio el gobierno del estado, el equipo que recibió en especie y el dinero que le mandó la federación, con FORTAMUN y FASP adentro. En todas. La única cifra que Cuautla escribió en todo ese bloque fue ese cero.

El Estado compró el instrumento de legibilidad más caro que existe, la cámara, y no consiguió volver legible ni su propio inventario.

No es que el cuestionario sea imposible. Cuernavaca, en las mismas casillas y el mismo año, reportó 176 millones 832 mil pesos en sueldos y 31 millones 551 mil en equipo. El problema no está en la pregunta.

Hay además una fecha que cambia la lectura: ese censo se llenó entre el 9 de junio y el 17 de octubre de 2025. Para entonces el ayuntamiento ya lo encabezaba Corona Damián. O sea que quien contestó "no tengo elementos" fue el gobierno que iba entrando, hablando de los años del que ya se había ido. Eso se puede leer de dos maneras y ninguna es menor: o ese gasto en cámaras no existió, o existió y no quedó papel que el gobierno siguiente pudiera encontrar. El censo no distingue entre las dos, y no me toca a mí resolverlo.

Arriba de todo esto hay una capa más vieja. El C5 de Morelos se estrenó el 18 de noviembre de 2014 como el primero del país, con 1,200 millones de pesos y 1,200 cámaras. En agosto de 2022 la Comisión Estatal de Seguridad Pública aceptó que 478 cámaras del estado no servían, de un total de 1,908. El secretario de Seguridad de hoy llama obsoleto a ese mismo C5, sin actualizar en doce años.

Sobre esa base se levanta la estrategia de ahora, y ahí aparece un patrón que vale la pena nombrar. Revisé uno por uno los boletines del gobierno de Morelos sobre videovigilancia entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Reportan 11 arcos carreteros, 158 cámaras, ocho centros de mando municipales, 55 botones de pánico, 19 arcos al cierre del año y un plan universitario de 5,000 cámaras. Ninguno dice cuánto costó. La única bolsa con cifra pública es el convenio del FASP 2026, publicado en el Diario Oficial el 22 de mayo: 274 millones 675 mil pesos federales y 93 millones 902 mil estatales. Cuánto de eso va a cámaras se define en un anexo que se firma aparte y que hoy no se puede consultar.

James C. Scott escribió en 1998, en un libro que publicó Yale University Press, que un gobierno solo puede actuar sobre aquello que antes logró medir, numerar y anotar en un registro. Aquí pasó algo que Scott no previó: el Estado compró el aparato más caro que existe para contar la calle, y no ha podido contar sus propias cámaras.

Falta decir lo que juega en contra de esta lectura, porque sin eso lo anterior sería propaganda bien escrita. El homicidio doloso en Cuautla bajó 29.2% entre enero y julio de 2026, de 65 casos a 46. Algo de ese aparato está funcionando. Una parte del aumento de la extorsión, que en el mismo periodo llevó al municipio a 168 carpetas, puede venir de que hoy se denuncia más y no solo de que se extorsione más: una ciudad con presencia federal permanente y un canal directo con 1,350 comerciantes junta más denuncias que una sin ellos. Ese argumento es real y no lo escondo.

Lo que no explica es el inventario. Cuautla junta el 35.8% de la extorsión de Morelos con el 9.4% de su gente. Tiene mando estatal desde julio de 2025, tres secretarios de seguridad en trece meses, el único centro de mando conectado en directo al C5 y 63 millones de pesos anunciados en arcos entre 2025 y 2026.

Lo que no tiene es una lista.

Así que la pregunta no es si las cámaras sirven. Es la de antes, la que sostiene cualquier revisión posible: cómo le revisa uno la cuenta a un gasto cuyo resultado nadie ha contado nunca.

La pieza hermana: los municipios de Morelos tienen cero policías asignados a investigar Ver el expediente →