El papel que nadie trajo

A las diez de la noche, sobre la calzada Santa Inés, un convoy llegó con una escalera. Policía municipal de Cuautla, agentes ministeriales de la Fiscalía y elementos de la Guardia Nacional. Iban a quitar cámaras de seguridad. No las del gobierno: las que pagaron los vecinos de su bolsa. Los dueños salieron de sus casas y preguntaron lo único que había que preguntar: dónde está el papel. La respuesta quedó grabada, porque el periodista Pacooooo Cedeño transmitía en vivo: "Nosotros venimos con instrucciones".

Instrucciones no es lo mismo que orden. El artículo 16 de la Constitución lo dice en su primer renglón y no admite lectura elástica: nadie puede ser molestado en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No es un requisito de trámite. Es la frontera entre un acto de autoridad y un despojo.

En seis minutos de transmisión, la palabra "papel" se dice doce veces y la palabra "documento", cuatro. Ninguna de las tres corporaciones mostró uno. La reacción del vecindario cabe en la frase que el propio periodista suelta al aire, que es la que mejor resume la noche: son chingaderas.

Conviene decir de entrada lo que corre en contra de la indignación fácil, porque sin eso esta columna sería propaganda con buena prosa. Las cámaras clandestinas existen y son un problema real. El Gobierno de Morelos informó el 21 de noviembre de 2025 que la Mesa de Coordinación Estatal sumaba 171 dispositivos asegurados entre febrero y ese mes, instalados "principalmente en postes de energía eléctrica y telefónicos", usados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad. Los vecinos de Santa Inés lo saben y lo dijeron esa noche, con esas palabras: "ya sé que es por los mañosos, eso lo entendemos". Nadie en esa calle estaba defendiendo el halconeo.

Lo que estaban defendiendo era otra cosa, y el propio gobierno estatal ya la había puesto por escrito. En ese mismo comunicado, la autoridad explicó el criterio con el que retira una cámara parásita: "al no tener sustento legal donde algún ciudadano acredite su propiedad o su uso se procede a retirarlas". Ahí está la regla, redactada por quien la aplica. Se retira la que nadie reclama. En la calzada Santa Inés los dueños estaban parados junto a la escalera, reclamándolas, y uno de ellos lo dijo de la manera más simple: "Yo pagué". El supuesto que activa el retiro se había desactivado solo, delante de todos.

Lo más útil de toda la historia es también lo que obliga a bajarle dos rayitas al relato del despojo. En ese domicilio, una vez que el dueño acreditó la propiedad, la cosa se apaciguó: en la grabación se escucha al periodista decirle a su vecino que ya se está arreglando y que los agentes de la ministerial ya reconocieron que ellos son los dueños. No tengo confirmación de que en esa casa se hayan llevado la cámara, y el video apunta a lo contrario. Lo que sí quedó documentado, ahí y en el otro domicilio del bulevar, es que el papel nunca apareció.

Dicho de otro modo: la regla del gobierno funciona. Funciona cuando el ciudadano la conoce y la invoca en el momento. Ese es el hallazgo que vale más que la denuncia.

Hay una distinción técnica que el operativo borró y que decide el caso. Una cámara atornillada en tu barda, dentro del alineamiento de tu predio, es tuya y nadie la toca sin orden: no hay norma federal, estatal ni municipal que prohíba tenerla, y la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos solo alcanza a los particulares que hayan suscrito convenio de colaboración con la autoridad, según su artículo 4. Una cámara colgada de un poste, en la vía pública, sí puede retirarla el municipio, porque el artículo 101 del Reglamento de Construcciones de Cuautla considera invasión de vía pública toda obra que rebase el alineamiento oficial. Solo que esa facultad tiene dueño y tiene forma: la ejerce la dependencia de desarrollo urbano, con notificación y con plazo, no una columna de patrullas a las 22:00 horas.

Si lo que hubo fue un aseguramiento ministerial, la vara es todavía más exigente. El Código Nacional de Procedimientos Penales pide que los bienes guarden "relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo" (artículo 229), obliga a elaborar "un inventario de todos y cada uno de los bienes", firmado por la persona con quien se atiende el acto o, si se niega, por dos testigos que preferentemente no sean policías (artículo 230), y ordena al Ministerio Público notificar al interesado dentro de los sesenta días naturales siguientes, entregándole copia del registro (artículo 231). Los dueños estaban presentes e identificados: era el escenario más fácil que existe para cumplir. No hubo inventario.

Falta el dato que le da peso a la escena, y es de Cedeño, no de un vecino: frente al oficial, el periodista les recuerda para qué han servido esas cámaras en esa calle, y menciona el feminicidio de Evelyn. No puedo confirmar que fueran esas cámaras en particular. Sí está confirmado lo demás: en el feminicidio de Evelyn Afiune, ocurrido en Cuautla en marzo de 2022, las grabaciones de cámaras privadas cercanas captaron al agresor trasladando el cuerpo, y esa evidencia fue determinante para su identificación y detención en junio de ese año. Las cámaras de los particulares, en esta ciudad, ya resolvieron un feminicidio.

Ahora las fechas. El 24 de julio de 2025, fuerzas federales asumieron la seguridad de Cuautla porque el municipio encabezaba los crímenes violentos y la extorsión en el estado, y en esa misma presentación funcionarios estatales reconocieron que Cuautla no había recibido inversión en videovigilancia durante los últimos veinticinco años. El 6 de agosto de 2026, el presidente municipal revisó con la Secretaría de Seguridad estatal el equipamiento y funcionamiento de las cámaras y los mecanismos de coordinación con el C5. El 14 de agosto se presentó un proyecto para ampliar la infraestructura de videovigilancia del municipio con cámaras vinculadas al C5. El 24 de agosto por la noche, según la denuncia pública de Cedeño, un convoy retiraba cámaras de ciudadanos en la calzada Santa Inés y en el bulevar.

Algo que dijo un vecino esa noche resultó ser exacto: "todavía no está la ley hecha, está por resolverse". Tenía razón. En el Congreso local está en trámite una iniciativa del diputado Alfonso Sotelo Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para obligar a que las cámaras privadas se conecten a la red estatal. Es decir: la autoridad quiere esas cámaras. Las quiere conectadas. El hombre que discutía en la banqueta conocía el estado del expediente legislativo mejor que quienes traían la escalera.

Instrucciones no es lo mismo que orden. El artículo 16 lo dice en su primer renglón y no admite lectura elástica.

No estoy afirmando que el retiro de la calzada Santa Inés haya tenido un propósito distinto al que declara. No tengo prueba de eso y no la voy a insinuar. Lo que sí está documentado, y es público, es el contexto en el que ocurre: el 21 de mayo de 2026, en el marco de la Operación Enjambre, fueron detenidos cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Cuautla, entre ellos el secretario municipal, el oficial mayor y el tesorero, por su presunta vinculación con un operador regional del Cártel de Sinaloa. La entonces titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló que la delincuencia "logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas". Ese es el municipio. Esa es la administración. Esa es la corporación que esa noche no traía papel.

Steve Mann llamó sousveillance a la vigilancia que mira desde abajo: la cámara del ciudadano apuntando al mismo espacio que la del Estado, sin pedirle permiso. Su tesis era que el poder tolera mal esa inversión, porque el problema nunca fue la cámara sino quién sostiene el ojo. En Cuautla el ojo se volvió un objeto en disputa. Lo reclama el vecino que lo pagó, lo usa el grupo criminal que lo instala en un poste, y lo baja una autoridad que no enseña el documento que la faculta.

Queda la pregunta y la dejo abierta, porque no me corresponde cerrarla: si el criterio oficial para retirar una cámara es que nadie acredite su propiedad, y en esa calle todos la acreditaron de viva voz, ¿qué se estaba retirando?

Un papel habría bastado. Sigue bastando y sigue sin aparecer.

Qué hacer si llegan por tu cámara

Esta sección no es opinión: es el procedimiento que la ley ya prevé, y va aquí porque de nada sirve una columna sin algo que el lector pueda usar el martes.

Tenerla no está prohibido. No hay norma que impida instalar cámaras en propiedad privada, no se requiere licencia de construcción y no existe registro obligatorio para particulares. La Ley de Videovigilancia estatal solo alcanza a quien firmó convenio con la Comisión Estatal de Seguridad (artículo 4).

Cuida tres cosas. Que el brazo no rebase el alineamiento oficial de tu predio, porque lo que se pasa de la barda ya es vía pública (artículo 101 del Reglamento de Construcciones de Cuautla). Que el encuadre no cubra el patio ni las ventanas del vecino, porque el artículo 150 del Código Penal de Morelos sanciona con seis meses a cuatro años a quien use medios técnicos para observar asuntos de la intimidad ajena sin consentimiento. Que el anuncio de "este lugar es video vigilado" esté a la vista, porque la propia Ley de Videovigilancia lo pide en su artículo 47.

Si llegan, esto es lo que funciona. Graba desde tu propiedad. Pide el oficio por escrito. Si te dicen que es un aseguramiento, exige el inventario firmado que ordena el artículo 230 del Código Nacional. Acredita la propiedad en ese momento, con factura, ticket o una foto de la instalación: es el supuesto que desactiva el retiro según el criterio del propio gobierno estatal.

Pide nombre y cargo. El artículo 130 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos establece que "toda persona servidora pública tiene la obligación de identificarse", y que su documento de identificación debe contener nombre, cargo y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

No forcejees ni insultes. El delito de ultrajes a la autoridad quedó derogado en Morelos en marzo de 2020, pero en el mismo decreto el insulto a la autoridad se trasladó al artículo 288 del Código Penal, que sigue vigente. La discusión se gana con el oficio y con la cámara del celular, no con el cuerpo.

Cuenta los días. Si se la llevaron por una investigación, el Ministerio Público tiene sesenta días naturales para notificarte y entregarte copia del registro de aseguramiento (artículo 231 del Código Nacional). Si pasan los sesenta y nadie te buscó, no hubo aseguramiento.