La justicia se arranca

El 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años y vecina de Iztapalapa, salió de su casa a una cita de trabajo. La habían citado en la Torre Murano, sobre la avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez. Las cámaras la registraron al entrar. Ninguna la registró al salir. Semanas después, el caso permite una lectura que excede el crimen y apunta al funcionamiento mismo de la justicia en México.

Conviene partir de los hechos confirmados, porque el expediente avanzó. El 22 de abril, un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús 'N', vigilante del edificio, por el feminicidio de Edith, y le dictó prisión preventiva. La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene que la imputación se apoya en indicios biológicos y periciales: rastros de sangre en la caseta de vigilancia, pertenencias de la víctima ocultas en el lugar, entre ellas su cartera y su teléfono, y un desarmador cuyas características coinciden con las lesiones. El sistema de cámaras del inmueble se desconectó entre las 16:23 y las 16:44 horas, desde una caseta a la que, según la autoridad, solo el vigilante tenía acceso. El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La defensa, por su parte, alega que se trata de un delito fabricado y busca la liberación de su cliente, argumento que el proceso deberá resolver y que esta columna no prejuzga.

Hasta aquí, el relato se parece al de una justicia que opera. El problema aparece cuando se reconstruye lo ocurrido antes del hallazgo. La Fiscalía dispuso desde el primer día del punto de partida, el destino, el registro digital del viaje contratado por aplicación y las cámaras del trayecto. Durante casi dos días, sin embargo, la indagatoria no avanzó. A ello se sumó un señalamiento grave: de acuerdo con la madre de la víctima, agentes ministeriales solicitaron dinero a la familia para agilizar las diligencias. La propia fiscal, Bertha Alcalde, terminó separando del cargo a tres funcionarios, dos policías de investigación y un agente del Ministerio Público, por corrupción y omisiones.

El dato decisivo no es lo que la autoridad hizo, sino cuándo lo hizo. La inspección del edificio, el hallazgo del cuerpo en el sótano, la detención y la separación de los funcionarios ocurrieron al tercer día. Toda esa actuación era posible desde el primero: la información estaba disponible, las cámaras existían, el inmueble estaba ahí. Lo que se movió en el intervalo no fue la evidencia, sino el costo político del caso. Y ese costo lo elevó la familia, que bloqueó vialidades, convocó a los medios, exhibió los mensajes de extorsión y reconstruyó por su cuenta la ruta que un equipo ministerial debió trazar en horas.

Cuando la justicia depende de la presión que se le ejerza, deja de ser un derecho y se vuelve un bien que se paga. Y lo que no se paga, no llega.

El politólogo argentino Guillermo O'Donnell ofreció, hace tres décadas, una categoría útil para nombrar lo que aquí ocurre. En su análisis de las democracias latinoamericanas (World Development, 1993), describió una ciudadanía de baja intensidad: regímenes donde los derechos existen en la norma, pero donde el Estado de derecho no se distribuye de manera uniforme. Hay territorios y hay personas para quienes la ley, simplemente, no opera con la misma eficacia, salvo que se la obligue. El caso de Edith ilustra esa geografía desigual de la justicia: no la del mapa, sino la del acceso.

De ahí se desprende la pregunta que el caso deja sobre la mesa. La familia de Edith contó con recursos que la mayoría de las familias de víctimas no tiene: voz pública, acceso a medios, capacidad de movilización y fuerza para resistir la extorsión. Aun así, debió pelear cerca de cuarenta y ocho horas para que se abriera una línea de investigación que pudo abrirse de inmediato. Si una familia con esa capacidad enfrenta ese obstáculo, cabe preguntar qué ocurre con la que no puede cerrar una avenida, no tiene un contacto en un medio ni dispone de tiempo para permanecer días frente a una fiscalía. La respuesta, a juzgar por las cifras de desaparición del país, suele ser el silencio.

Ese es el fondo del asunto. Cuando la actuación de la autoridad depende de la presión que la sociedad sea capaz de ejercer, la justicia deja de ser un derecho universal y se convierte, en los hechos, en un bien que se obtiene según los recursos de cada quien. Se paga con tiempo, con riesgo y con el desgaste de una familia entera. Y lo que no se paga, no llega.

A Edith la localizaron porque su familia se negó a aceptar el papel de deudos pacientes. Es una victoria que merece reconocerse, pero también la constancia de una falla institucional: confirma que, sin presión ciudadana, el expediente no camina. La pregunta pendiente no es sobre ella, sino sobre las demás. Cuántas investigaciones permanecen detenidas, a la espera de que alguien reúna la fuerza necesaria para arrancar la justicia que el Estado debería entregar sin que se la exijan.