La marcha de los veinte mil

Empecemos por la aritmética. El sábado 16 de mayo, Morena convocó a marchar en la capital de Chihuahua para exigir el juicio político contra la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván. La víspera, uno de sus voceros, Arturo Ávila, soltó la cifra que lo perseguiría todo el fin de semana: "ojalá sean doscientas mil personas". Quedó en el aire, repetida por amplificadores oficialistas y fijada como meta.

Llegaron veinte mil. Lo reportó El Imparcial el domingo, con cifras corroboradas por la cobertura en sitio de medios nacionales. Un décimo de la meta: de cada diez asistentes prometidos, faltaron nueve. Y aun esos veinte mil venían, en parte, importados.

Aquí entra el tramo que conviene mirar de cerca. En al menos cuatro puntos de la carretera Panamericana, entre Ciudad Juárez y Delicias, ciudadanos chihuahuenses bloquearon el paso de autobuses con presuntos acarreados. En Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, dieciocho camiones fueron devueltos. Los bloqueadores, organizados como Agricultores Unidos por Chihuahua, pedían credencial del INE para verificar la residencia estatal de los pasajeros. Los camiones que regresaron venían, según la cobertura, de Coahuila, Aguascalientes, Durango y Guerrero. Novedades de Chihuahua, Tiempo, TV Azteca y Proceso documentaron el episodio con video y testimonios.

La pregunta es elemental. Si Morena tiene en Chihuahua, según el corte del INE de febrero, 51,923 afiliados, el 47% de toda la militancia registrada en el estado, ¿por qué necesitaba importar gente de cuatro entidades vecinas para llegar apenas al 10% de la cifra que su propio vocero había prometido? La respuesta no halaga: porque no se trataba de movilizar militancia, sino de producir una imagen.

Guy Debord, en La sociedad del espectáculo (1967), dejó una definición que regresa pertinente: "el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes". Lo que el sábado se montó sobre la avenida principal de la capital chihuahuense tenía como audiencia no a los presentes, sino al video que esa noche circularía por la página de Facebook del partido. Un video editado con tomas cerradas, planos elevados que comprimen distancias y secuencias rápidas que sugieren densidad donde había hueco. La marcha física era materia prima; el producto final era el clip.

Lo que los ciudadanos devolvieron en la carretera, entonces, no fue exactamente una marcha. Fue un dispositivo de simulación que falló por logística.

El espectáculo ganará la noche aunque haya perdido la calle.

Pongamos ahora la pieza Chihuahua junto a la pieza Sinaloa, porque la lectura en simetría es lo que da temperatura a esto. A la gobernadora a la que Morena exige juicio político, por cinco cargos que incluyen violación a la soberanía y a la Ley de Seguridad Nacional, se le acusa de haber tolerado, presuntamente, la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antinarco en la Sierra Tarahumara el 19 de abril, en el que murieron los dos estadounidenses y dos elementos mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. Dicho con todas sus letras: la acusación es por colaborar contra el narco.

Mientras tanto, en Sinaloa, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de Morena, está acusado, no por la oposición sino por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con nueve funcionarios y exfuncionarios, de presuntos nexos con la organización de Los Chapitos. En mayo de 2026, dos piezas de ese expediente cayeron en la justicia estadounidense: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses en Arizona el 11 de mayo y aceptó ser testigo cooperante, y los documentos federales sostienen que entre 2023 y 2024 habría recibido más de cien mil dólares mensuales en presuntos sobornos; Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se entregó el 15 de mayo tras ser localizado en Europa. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Rocha. Contra él no hay juicio político en curso, ni amago en la mesa.

La asimetría es estructural y no requiere mucho comentario: a la gobernadora opositora la persiguen por cooperar contra el narco; al gobernador del partido oficial lo blindan pese a estar acusado, en una corte federal extranjera, de cobrarle al narco.

Aquí cabe regresar a Debord. La función del espectáculo, escribió, es legitimar el orden existente como demostración consumada de su propia justificación. La marcha del sábado tenía esa función: no exigía nada que el procedimiento parlamentario no estuviera ya tramitando; producía el simulacro de mandato popular que ese procedimiento necesita para verse legítimo. Convocar a doscientos mil era el guion; llegar a veinte mil obligó a importar al resto; los ciudadanos lo deshicieron en la carretera.

Queda la imagen ya editada en Facebook. Para quienes no estuvieron, que es casi todo el país, esa imagen será el único registro disponible.

Cierro con la pregunta que conviene dejar abierta. Si el partido más grande de la historia reciente de México, con casi once millones de afiliados, necesita autobuses de cuatro estados para sostener una marcha en un estado donde tiene la mitad de la militancia, ¿qué dice eso de la solidez real de su base? Y, sobre todo, ¿qué dice de un aparato que prefirió jugársela al video editado antes que aceptar que la convocatoria fracasó? El sábado en Chihuahua, la fuerza simulada se topó con la fuerza real. Y los chihuahuenses la devolvieron en autobús.