La medicina que no llegó

Toda política pública debería juzgarse por su resultado más vulnerable, y en materia de salud ese resultado tiene rostro: un niño con cáncer esperando una quimioterapia que no llega. Esa es la vara con la que conviene medir la reforma a la compra de medicamentos en México, una reforma que nació de una intención correcta y desembocó en una de las crisis de abasto más documentadas de los últimos años. La intención correcta fue combatir la corrupción: durante años, el sistema adquirió medicinas a sobreprecio, a través de intermediarios y con esquemas de favoritismo. La solución elegida fue centralizarlo todo en una megacompra consolidada a cargo de una empresa pública, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, bajo la promesa de comprar más barato y sin coyotes. La lógica era impecable sobre el papel. El problema es que la realidad no se administra sobre el papel.

El primer desmentido vino del propio gobierno. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló la compra consolidada 2025-2026 al detectar un sobreprecio cercano a 13 mil millones de pesos en 175 claves de medicamentos. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, reconoció "posibles indicios de corrupción", y la presidenta confirmó la destitución de cinco o seis funcionarios de Birmex, incluido su director general. La paradoja es difícil de exagerar: se centralizó la compra para eliminar el sobreprecio, y el sobreprecio apareció igual, ahora bajo un solo techo.

El segundo desmentido fue el desabasto. En la licitación de 2026, de 2 mil 029 claves convocadas, mil 026 quedaron desiertas: el 50.5 por ciento sin contrato, y 140 insumos no recibieron una sola oferta. La mitad del cuadro básico de medicinas que el sistema necesita se quedó, de golpe, sin proveedor. Y el tercer desmentido cierra el círculo con una ironía amarga: para cubrir esos huecos, Birmex recurrió a adjudicaciones directas por al menos 118 mil millones de pesos, en su mayoría de medicamentos importados. Es decir, la cruzada que comenzó denunciando la contratación discrecional terminó contratando a discreción. Se combatió el dedazo y se volvió al dedazo, solo que ahora con la urgencia de quien ya provocó el faltante.

El discurso anticorrupción se entregó completo, puntual y bien redactado. La medicina, en cambio, se quedó en el camino.

Conviene no perder de vista quién absorbe el costo de esta cadena de fallas, porque no es una abstracción presupuestal. En el Hospital Infantil de Veracruz, alrededor de sesenta menores con cáncer vieron suspendidas sus quimioterapias por la falta de fármacos como la asparaginasa, el metotrexato y la vincristina. Sus padres salieron a protestar con una frase que no admite matización: "nuestros niños se están muriendo". El fenómeno, además, no es nuevo ni atribuible a un solo gobierno: el desabasto de oncológicos pediátricos está documentado en México desde al menos 2013, lo que vuelve más grave que una reforma diseñada precisamente para resolverlo lo haya, en los hechos, profundizado.

El antropólogo James C. Scott ofreció en 1998, en Seeing Like a State, la clave para entender por qué fracasan los grandes diseños estatales concebidos desde el centro. El poder, sostiene, tiende a perseguir la "legibilidad": quiere ver, medir y controlar la sociedad desde un único punto de mando, y para lograrlo impone esquemas uniformes que ignoran el conocimiento práctico acumulado en el terreno, lo que él llama métis. Cuando ese alto modernismo se combina con una autoridad decidida a aplicarlo y con una sociedad sin capacidad de resistir el rediseño, el resultado suele ser el colapso de lo que se pretendía mejorar. La megacompra encaja con incomodidad en esa descripción: se concentró toda la adquisición nacional en una sola ventanilla que carecía de la capacidad logística para sostenerla, y cuando esa ventanilla falló, no falló para una región, sino para el país entero al mismo tiempo. La centralización, que promete control, produjo un único punto de quiebre.

A mi juicio, y lo expreso como opinión, el error de fondo no estuvo en querer erradicar la corrupción, que era una meta legítima y necesaria, sino en confundir centralizar con ordenar. Eliminar al intermediario antes de construir la capacidad para reemplazarlo deja, en la transición, un vacío que alguien tiene que pagar; y lo paga, inevitablemente, quien no puede esperar a que el rediseño madure: el enfermo. Una reforma de salud no se evalúa por la contundencia de su discurso anticorrupción, por más justo que ese discurso sea, sino por un indicador mucho más simple y mucho más exigente: si el tratamiento llega al paciente el día que le corresponde.

Este año, para demasiados pacientes, no llegó. Y conviene decirlo sin la coartada de las buenas intenciones, porque las buenas intenciones no curan: el discurso anticorrupción se entregó completo, puntual y bien redactado. La medicina, en cambio, se quedó en el camino.