La paz que no cuenta

Hay un registro público que este gobierno no menciona en sus conferencias de los martes, y es el único que no ha dejado de crecer. No es el de homicidios, que efectivamente baja. Es el de los que faltan.

La serie se lee como una escalera. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el registro nacional acumuló 41,099 personas desaparecidas con año de referencia en ese periodo. Durante el de Enrique Peña Nieto, 101,522: dos veces y media más. Durante el de Andrés Manuel López Obrador, 169,903: un 67 por ciento por encima del récord anterior, el sexenio con más desapariciones desde que existe memoria administrativa del fenómeno. Cada gobierno heredó la escalera y le añadió un piso.

Lo que sigue debería ocupar portadas: 2025, el primer año completo de la administración que presume haber reducido el homicidio casi a la mitad, es el peor año de desapariciones de toda la serie histórica: 36,869 personas registradas. Y la cifra solo puede crecer, porque los reportes de un año siguen acumulándose durante los siguientes. Amnistía Internacional documentó el incremento anual; los reportes del primer semestre crecieron cerca de 18 por ciento.

La coincidencia temporal entre el homicidio que baja y la desaparición que rompe récord admite dos lecturas, y conviene tomarse en serio ambas. La primera, la benigna: la gente denuncia más, los registros mejoraron, las comisiones de búsqueda capturan mejor. Algo de eso hay, y sería injusto negarlo. La segunda lectura exige mirar el mapa, porque el alza no se reparte pareja: se concentra precisamente donde el homicidio se desploma.

Tamaulipas registró 203 carpetas de homicidio doloso en todo 2025, una cifra de país nórdico. El mismo Tamaulipas acumula 13,817 personas desaparecidas sin localizar, la tasa más alta del país. Son 68 desaparecidos por cada homicidio en el papel. Zacatecas, el ejemplo predilecto de la pacificación, redujo su homicidio 69 por ciento en un año; carga la segunda tasa de desaparición del país: 35 ausentes por cada muerto registrado. Y Tabasco protagonizó el brinco más violento del registro: tras la ruptura del cártel local conocido como La Barredora, acumuló 2,718 desaparecidos tan solo entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, con un crecimiento reportado de más de 600 por ciento y las mujeres como las más afectadas, mientras su estadística de homicidio mejoraba. Donde el numerito luce, los ausentes se multiplican.

La aritmética de fondo es tan simple que estremece: el muerto que no aparece no entra en ninguna estadística de homicidios. No hay cuerpo, luego no hay certificado de defunción que el INEGI pueda contar; no hay hallazgo, luego no hay carpeta de homicidio que el Secretariado pueda registrar; no hay nota roja, luego no hay resta en el promedio diario que se anuncia en Palacio. Hay una familia buscando y un folio en otro registro, uno que no tiene conferencia semanal ni porcentaje presumible.

El muerto que no aparece no entra en ninguna estadística.

El filósofo camerunés Achille Mbembe llamó necropolítica, en su ensayo de 2003, a la forma de soberanía que se ejerce decidiendo no solo quién muere, sino qué muertes cuentan y cuáles quedan fuera de toda cuenta. No hace falta atribuir a nadie una instrucción deliberada para reconocer el patrón estructural: en un sistema donde la cifra de homicidios es el examen mensual de cada autoridad, la desaparición funciona como la válvula perfecta. Es, en términos estadísticos, el homicidio que no existe.

Queda el dato que mide lo que la búsqueda encuentra cuando por fin encuentra. De las personas localizadas a nivel nacional, el 8.4 por ciento aparece sin vida. En Coahuila, el estado que se presume el más seguro del país, la proporción sube a 22.2 por ciento; en Guerrero, a 21.3; en Sinaloa, en plena guerra interna del cártel, a 18.7. En esos estados, "lo encontramos" significa, una de cada cinco veces, "encontramos el cuerpo". La frontera entre el registro de desaparecidos y el de homicidios es, literalmente, una fosa que todavía no se excava.

Nada de lo anterior niega la baja del homicidio, que esta casa ha verificado con las tres varas disponibles. Lo que afirma es otra cosa: que la paz no puede declararse con el registro que conviene, ignorando el que no baja. Los 133,924 ausentes que el registro nacional reconoce al corte de junio no son una nota al pie del éxito; son su asterisco central. La paz que se presume se mide en muertos que bajan. La paz real se mediría en madres que dejan de buscar. Mientras ese registro siga creciendo, la violencia no habrá terminado: solo habrá cambiado de registro.