La tormenta del frijol: Zacatecas y el arte de prometer mal

Hay decretos que se firman para cumplirse y decretos que se firman para deshacerse. El que se publicó en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2025, con un precio de acopio garantizado de 27 mil pesos por tonelada de frijol, pertenecía a la primera categoría. El que se publicó el 1 de mayo de 2026, rebajándolo a 16 mil, lo movió en silencio a la segunda: una caída de más del 40% para el productor zacatecano, sin debate público, sin sesión legislativa, sin más explicación que un párrafo en las reglas de operación modificadas.

A Zacatecas le toca cargar el recorte porque Zacatecas siembra el frijol que come México: es el primer productor nacional, con cifras del SIAP que rondan año con año un tercio del total. Y aun así, donde el frijol no es una mercancía sino una columna vertebral familiar, el campesino retiene una fracción menor del precio final que paga el consumidor urbano. El resto se queda en una cadena de acopiadores, transportistas y especuladores que ya nadie nombra, porque hace décadas que la palabra "intermediario" se naturalizó como paisaje.

Cuando el gobierno federal anunció en 2025 que rompería esa cadena, que pagaría directo al productor, sin agachones ni moches, la promesa se leyó como reparación histórica. Lo que llegó fue una rebaja. Lo que vino después fue la represión.

El sábado 9 de mayo, una operación policial estatal desalojó a productores que llevaban semanas exigiendo que el precio comprometido se cumpliera. La fuerza pública detuvo a doce personas. Entre ellas, una maestra jubilada de 74 años. Esa edad conviene tenerla presente cuando el discurso oficial hable de "actores externos" o "infiltrados": la represión cayó sobre una jubilada del magisterio.

Hay un pasaje de los Cuadernos de la cárcel (Cuaderno 3, §34, hacia 1930) que conviene releer cada vez que un gobierno descubre la macana antes que la palabra: "la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer; en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados". Gramsci llamaba a eso crisis orgánica: el intervalo en que la clase dirigente pierde la capacidad de articular consenso y le queda solo el dominio. Cuando una administración tiene que esposar a una maestra de 74 años para sostener un decreto, no confiesa firmeza: confiesa agotamiento.

Las tormentas no caen del cielo, se arman.

El gobernador David Monreal Ávila, en funciones desde 2021 y con periodo hasta 2027 mientras su hermano Ricardo Monreal se posiciona desde la Cámara de Diputados para sucederlo, respondió con una amenaza: si las protestas continuaban, retiraría los apoyos federales. Ofreció castigo donde tocaba diálogo. Leído en clave gramsciana, no es un error táctico, sino la radiografía de una administración que ya solo sabe gobernar contra.

El corazón del conflicto no es el precio, aunque lo parezca: es a quién captura el precio. De las 96 mil toneladas autorizadas originalmente a 27 mil pesos, según denuncian los propios productores, ochenta mil habrían terminado en manos de acopiadores antes de llegar a la ventanilla oficial. El precio "de garantía" se cobró, pero no lo cobró el campesino. Y cuando el campesino salió a reclamar, el gobierno bajó el precio en lugar de investigar la captura.

Es una máquina que funciona, por así decirlo, legalmente: nadie roba en sentido penal. El acopiador compra al campesino al precio que este acepta porque no tiene transporte, ni acceso al programa federal, ni bodega. Luego revende. La diferencia es renta capturada, una operación tan vieja como el porfiriato que sobrevivió a todas las transformaciones. Lo nuevo no es la captura: es que el Estado, en lugar de combatirla, la convalidó al rebajar el precio oficial al nivel del acopiador. Ahí la palabra "neoliberalismo" deja de ser útil. Lo que pasa es más íntimo: el aparato federal renunció a competir con el intermediario y prefirió emparejar precios a la baja. No desmanteló el viejo modelo; lo heredó con otro membrete.

Lo que ocurrió el martes 12 de mayo en la capital zacatecana es lo que un observador atento reconoce de inmediato: una convergencia anómala. Marcharon miles de personas, según las cifras de los organizadores. Lo importante son los compañeros de la cifra: junto a los frijoleros marcharon normalistas, magisterio, sindicatos universitarios, colectivas feministas, estudiantes y organizaciones campesinas. Actores que, en un día cualquiera, no se hablan.

Las tormentas no caen del cielo, se arman. Se arman cuando un decreto roto se encuentra con doce detenidos y una maestra esposada, y ese encuentro lo atestigua un magisterio que recuerda sus propias represiones, y el feminismo lee en una mujer mayor esposada la violencia que combate en otros frentes, y los estudiantes reconocen en el campesino una versión rural de su propia precariedad. Que se suelden agendas que el oficialismo daba por dispersas es lo que define la crisis orgánica. No la pérdida de una elección: la pérdida del relato.

Conviene anotar un detalle que circula menos: la sucesión Monreal pesa en esta historia. Y no lo dice la oposición: el propio hermano del gobernador, el senador Saúl Monreal, admitió ante la prensa que David Monreal tiene como favorita para la candidatura de 2027 a su excuñada Verónica Díaz Robles, y ese frente sucesorio distrajo al ejecutivo estatal de la crisis que se gestaba en el campo. El patrimonialismo que Max Weber describió en 1922, la administración del Estado como hacienda familiar, tiene costos cuando el gobernante prioriza la sucesión sobre el oficio.

El conflicto del frijol terminará, probablemente, con un ajuste: tal vez 18 mil, tal vez 20 mil, tal vez una mesa con calculadora que produzca un número intermedio aceptable como derrota digna. Eso es lo de menos. Lo de más es lo que queda después: una administración que descubrió que ya no convence, una sociedad zacatecana que descubrió que sí puede converger, y un Senado con una solicitud de juicio político contra el gobernador sobre la mesa, con la posibilidad, inédita en tiempos recientes, de que la frase "desaparición de poderes" entre a un debate que hasta hace poco se reservaba para Sinaloa.

La pregunta no es cuánto vale el frijol. Es por qué un gobierno que prometió pagar al campesino terminó esposando a una maestra de 74 años. Esa pregunta no se cura con un precio nuevo. Se cura con un pacto nuevo. Y los pactos nuevos no los firma quien rompió el viejo.