La víctima ilegible

En Cuautla, casi todos los actores del conflicto político reciente han reclamado, de un modo u otro, el lugar de la víctima. El problema no es que alguno mienta. El problema es que ya no existe forma pública de saber quién dice la verdad.

Conviene ordenar los hechos, porque son verificables y son graves. En marzo de 2024, durante la campaña, se reportó que el vehículo de Jesús Corona Damián fue baleado cerca de su casa de campaña; él sobrevivió. El 28 de mayo de ese año, su candidato suplente, Ricardo Arizmendi, fue ejecutado a tiros dentro de su tienda de abarrotes, junto con una de sus empleadas. En abril de 2026, ya como presidente municipal, Corona acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar amenazas de muerte y extorsión que atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación. El 30 de mayo de 2026 fue detenido en Acapulco dentro del Operativo Enjambre, acusado de delincuencia organizada y señalado por la autoridad por su presunto vínculo con un líder regional del Cártel de Sinaloa. Días antes había obtenido un amparo, pero la suspensión era "para efectos", no paralizante, y no impidió su captura.

Sobre ese tablero apareció, después, un mensaje atribuido a una célula que se hace llamar "La Gente Nueva de Cuautla", que señala al alcalde suplente, Salvador Molina Martínez, como protector de Corona y parte de la misma estructura. Y sobre ese mismo tablero, Molina presentó una denuncia por amenazas de muerte ante la fiscalía estatal: un papel impreso, dejado, según su versión, en la casa de un familiar. Su lectura es que lo amenazan por querer ocupar el cargo que dejó Corona.

Aquí es donde el observador honesto debe detenerse. ¿Molina es una víctima genuina de la misma violencia que ya mató a un suplente en este municipio? ¿O recurre al guion de la víctima para reencuadrar como persecución política un proceso penal que no le conviene? La respuesta sincera es que, desde afuera, no se puede saber. Y esa imposibilidad no es una falla de la cobertura: es el corazón del fenómeno.

El politólogo Stathis Kalyvas lo explicó en La lógica de la violencia en la guerra civil (2006). En los territorios donde el control está disputado, la denuncia se vuelve un arma, no una prueba. Cada bando acusa al otro y se proclama víctima, y el tercero que observa carece de medios para distinguir la acusación verdadera de la falsa. La información deja de informar y se convierte en munición. Cuautla no es una guerra civil, pero su política municipal exhibe la misma química: un lugar donde la palabra "víctima" ya no aclara nada, porque la invocan todos.

La palabra "víctima" ya no aclara nada, porque la invocan todos.

A esa lente conviene sumar una mexicana. Guillermo Trejo y Sandra Ley, en Votes, Drugs, and Violence (2020), documentaron cómo las organizaciones criminales del país asesinan candidatos y moldean quién gobierna los municipios. No es teoría abstracta: la propia autoridad federal sostiene que el crimen penetró estructuras de al menos ocho municipios de Morelos mediante financiamiento de campañas en 2024. El asesinato de Arizmendi y las amenazas que circulan no son ruido marginal; son, presuntamente, el método.

A mi juicio, lo decisivo es esto: en este escenario el crimen organizado gana en cualquiera de las versiones. Si Molina es víctima real, queda demostrado que un papel impreso decide quién se atreve a gobernar Cuautla. Si la victimización es estratégica, queda demostrado que hasta el lenguaje del miedo se puede instrumentalizar para blindar a un procesado. En las dos lecturas el mensaje al ciudadano es idéntico: el cargo no se hereda por la urna, se negocia bajo amenaza. Es el viejo racket de protección que describieron Charles Tilly (1985) y Diego Gambetta (1993), aplicado ya no a un comerciante, sino a la presidencia municipal entera.

El cargo no se hereda por la urna: se negocia bajo amenaza.

Por eso esta columna no va a declarar quién es la víctima auténtica. Hacerlo sería caer en la misma trampa que se denuncia: convertir una sospecha en sentencia. La psicología tiene un nombre para el movimiento de invertir los papeles de víctima y de victimario, el patrón DARVO que describió Jennifer Freyd en 1997, pero nombrarlo no autoriza a aplicarlo como veredicto sobre una persona concreta y sin pruebas. Lo que sí se puede afirmar, con todas sus letras, es el diagnóstico del lugar: Cuautla se volvió un municipio donde la víctima es ilegible, y esa ilegibilidad es justamente lo que el poder criminal necesita para operar a sus anchas.

La salida no es un relato mejor ni un mártir más convincente. Es lo más aburrido y lo más urgente: instituciones que funcionen. Que la orden de aprehensión, el proceso penal y el cabildo decidan quién responde y quién gobierna. Mientras esas instancias sigan opacas o capturadas, el vacío lo llenará el documento más persuasivo de Cuautla, que hoy no es una boleta ni una sentencia, sino un papel impreso dejado en la puerta de una casa.