Las que no bajaron

Entre enero y julio de 2026 fueron asesinadas 69 mujeres en Morelos, de acuerdo con los registros de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los mismos siete meses de 2025 fueron 69. La resta da cero.

El país entero se movió en la dirección contraria: las mujeres asesinadas a nivel nacional pasaron de 1,682 a 1,250 en el mismo periodo, una baja de 25.7%. Morelos aportó cero a esa mejora.

La combinación deja al estado en un sitio que ningún boletín va a presumir: primer lugar nacional en mujeres asesinadas por cada 100 mil mujeres, con una tasa de 6.46 en el periodo contra 3.95 de Sinaloa, el segundo lugar. Sinaloa atraviesa una guerra abierta entre cárteles; aun así, en proporción a su población, ahí matan menos mujeres que en Morelos.

Aun así, dentro de unos meses alguien podrá anunciar que el feminicidio bajó en Morelos, y tendrá los papeles para sostenerlo. Como categoría, el feminicidio bajó: de 22 víctimas a 21.

El expediente completo dice otra cosa. De las 69 mujeres asesinadas en 2026, 21 se registraron como feminicidio y 48 como homicidio doloso; un año antes la partición fue de 22 y 47. El feminicidio bajó una unidad, el homicidio doloso de mujeres subió una y la suma quedó donde estaba. Lo que se movió fue la etiqueta.

El efecto de esa partición es que 7 de cada 10 mujeres asesinadas en Morelos no aparecen en la cifra con la que se mide públicamente esta violencia. Desde 2015, en la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, la Suprema Corte ordenó que toda muerte violenta de una mujer se investigue con perspectiva de género, como posible feminicidio. El estándar existe; la proporción dice cuánto le falta por recorrer.

Hay una prueba interna de que la baja de violencia sí existe en Morelos, y de a quién alcanzó. Los hombres asesinados pasaron de 602 a 514 en los mismos siete meses, 14.6% menos. El mismo estado, la misma policía, el mismo calendario. La mejora es real y tiene sexo.

Nada de esto ocurre sin aviso previo. Morelos vive bajo alerta de violencia de género desde el 10 de agosto de 2015, cuando la Secretaría de Gobernación la declaró para 8 municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. En agosto de 2026 el instrumento cumplió 11 años, con el estado en el primer lugar nacional.

El mapa de la alerta ya no corresponde al del delito. De los 20 feminicidios consumados registrados este año, 10 ocurrieron fuera de los 8 municipios alertados. Tlalnepantla, con 8,422 habitantes, acumula 2; Cuernavaca, con 394,752, también 2. Una población 47 veces menor, los mismos casos. La alerta lleva 11 años apuntando al mismo mapa y la violencia ya se mudó.

El feminicidio bajó uno. El homicidio de mujeres subió uno. La suma no se movió.

Mientras la cifra insignia se discute, los delitos que suelen anteceder al feminicidio están en máximos. La violencia familiar acumula 4,171 carpetas de enero a julio, la cifra más alta para ese periodo en los 11 años de la serie disponible: 20 denuncias al día. El hostigamiento sexual se duplicó en 2 años, de 33 carpetas a 67. El catálogo nacional estrenó en enero de 2026 una casilla nueva, la tentativa de feminicidio, donde Morelos ya suma 19 víctimas: 19 mujeres a las que, según la clasificación oficial, intentaron matar por razones de género, y que no entran a la cifra de feminicidio porque sobrevivieron.

Dos datos no acompañan la lectura más severa de este cuadro, y deben quedar a la vista. El primero: Morelos no clasifica peor que nadie. La proporción de mujeres asesinadas registrada como feminicidio es de 30.4% en el estado y de 30.4% en el promedio nacional. El subregistro de la categoría es un problema del país, no una maniobra local. El segundo: clasificar bien se puede. Tamaulipas registra como feminicidio a 92.6% de sus mujeres asesinadas; Sinaloa, en plena guerra, a 84.4%. El problema de Morelos no es principalmente la etiqueta: es el volumen. La etiqueta explica lo que no vemos; el primer lugar, lo que sí.

Debajo de todos los registros corre además la cifra que nunca llega a ellos. La ENVIPE del INEGI estima que cerca de 9 de cada 10 delitos en México no se denuncian. La estimación es nacional, no estatal, y acota este análisis en las dos direcciones: sin denuncia no hay etiqueta que discutir, pero tampoco hay sustento para proclamar mejoras.

La antropóloga Marcela Lagarde, al llevar al español el concepto que Diana Russell y Jill Radford habían reunido en Femicide: The Politics of Woman Killing (1992), tomó una decisión de fondo: feminicidio no nombraría solo el asesinato de una mujer por razones de género, sino ese crimen sumado a la omisión del Estado que lo permite y lo deja impune. Bajo esa definición, lo descrito arriba no es el contexto del problema. Es el problema. Una alerta con el mapa vencido, una categoría que capta 3 de cada 10 casos y una baja que solo alcanzó a los hombres son la omisión convertida en número.

Geoffrey Bowker y Susan Leigh Star mostraron en Sorting Things Out (MIT Press, 1999) que clasificar nunca es un acto neutro: toda categoría decide qué se ve y qué desaparece, y sus consecuencias son materiales. A mi juicio, eso es exactamente lo que está en juego en la casilla del feminicidio: no un tecnicismo penal, sino el tamaño oficial que se le reconoce al problema.

No afirmo que esta contabilidad se haya diseñado para presumir una mejora; a mi juicio ni siquiera hace falta. Basta describir el mecanismo para anticipar el uso: quien tenga un micrófono y un corte favorable escogerá la categoría que bajó.

Por eso conviene llegar con la pregunta preparada. Si el año próximo se anuncia que Morelos mejoró, la vara no es cuántos feminicidios registró el estado. Es cuántas mujeres fueron asesinadas. Ese número, en 2026, fue idéntico al de 2025.

Queda una anotación para quien vive de este lado de la estadística. Denunciar, aun con el trato en contra y sin garantía de resultado, produce lo único que ninguna oficina puede administrar después: un registro. A un registro se le puede cambiar la etiqueta; ya no se puede borrar.

Quien va a presentar el dato escribe las categorías. La única que no está en sus manos es la que se levanta en la agencia del Ministerio Público.

Pieza hermana: El semestre que subió Ver el expediente →