Lo que queda de Futuro

El 31 de enero de 2026, un partido político que llevaba catorce meses oficialmente muerto tenía 13 millones 838 mil 656 pesos en seis cuentas bancarias, pagaba la renta de una bodega, sostenía una nómina de dos personas y liquidaba mensualmente licencias de correo electrónico corporativo. No tenía militantes, ni candidatos, ni oficinas abiertas, ni registro legal. El dato no proviene de una filtración: está en el informe mensual que el interventor designado presentó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, firmado electrónicamente el 5 de febrero de 2026.

El partido se llamaba Futuro. Lo fundó Pedro Kumamoto.

Conviene empezar por reconocer lo que fue cierto, porque sin eso la historia se vuelve caricatura. En 2015, con 25 años, Kumamoto se convirtió en el primer diputado local independiente de México. Ganó un distrito de Zapopan sin partido y con una campaña de presupuesto mínimo. En abril de ese año, antes de ganar, había prometido renunciar al 70 por ciento de su dieta, quedarse con 30 mil de los 100 mil pesos que cobraba un diputado local y donar el resto a asociaciones vecinales. Cumplió. Dos años más tarde impulsó la iniciativa "Sin voto no hay dinero", que modificó la fórmula del financiamiento público en Jalisco: en años no electorales, el padrón se multiplicaría por 20 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización en lugar de 65. La Suprema Corte la declaró constitucional en agosto de 2017 por 7 votos contra 4. Entre 2018 y 2022, el estado se ahorró 640 millones de pesos. Fue la única reforma en la historia reciente de este país que le quitó dinero real a los partidos, y la firmó un hombre que no tenía ninguno.

En 2020 lo tuvo. Futuro nació como partido político local y con él nació el problema.

En septiembre de 2022, el Congreso de Jalisco derogó la reforma. La iniciativa la respaldaron las cinco fuerzas mayoritarias, y el argumento que se hizo público fue que, de mantenerse la fórmula, partidos locales pequeños como Futuro y Hagamos recibirían cantidades importantes pese a votaciones bajas. El resultado de esa derogación está en los números: el presupuesto proyectado para los partidos en 2023 pasó de 168.2 millones de pesos bajo el esquema anterior a 394.1 millones bajo el nuevo. Un incremento cercano a 226 millones anuales.

Ese es el pliegue que casi nadie ha contado, y es el corazón de esta columna. La ley que le quitaba dinero a los partidos no murió porque su autor la abandonara. Murió cuando su autor se convirtió en partido y le entregó al sistema, sin proponérselo, el argumento que necesitaba para desmontarla. El error no fue que cobrara. Fue que se volviera cobrable.

Hay que decir también lo que juega en contra de esta lectura: Futuro y Hagamos se opusieron a esa derogación. En el asunto del dinero, Kumamoto no cambió de bando. Lo derrotaron. Pero fue su propia existencia como partido, no su voto, la que sirvió de coartada.

¿Qué compró Jalisco con lo que pagó? Entre 2021 y 2024, Futuro recibió del orden de 130 millones de pesos en financiamiento público, según los repartos anuales publicados por el instituto electoral y consignados por la prensa local: 28.4 millones en 2022, 30.3 millones en 2023 y 50.8 millones para el proceso de 2024. Con ese dinero obtuvo una diputación plurinominal y la alcaldía de Tamazula de Gordiano. En 2024 fue en coalición con Morena, el Partido del Trabajo, el Verde y Hagamos, perdió Zapopan ante Movimiento Ciudadano y no alcanzó el 3 por ciento de la votación. El 27 de noviembre de 2024, el Consejo General declaró la pérdida de su registro. El acuerdo no fue impugnado y quedó firme.

Ahí debería terminar la historia. No termina.

El 28 de junio de 2025, el Periódico Oficial El Estado de Jalisco publicó la lista provisional de reconocimiento de créditos a cargo de Futuro en liquidación. Es un documento breve y demoledor. Reconoce 3 millones 513 mil 337 pesos en sanciones económicas impuestas por autoridades electorales, de los cuales 2 millones 305 mil corresponden a la fiscalización de la campaña de 2024, 448 mil a la precampaña de ese mismo proceso y 686 mil al ejercicio ordinario de 2022. Por disposición del Código Electoral del estado, ese dinero no vuelve al erario general: se destina al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. El partido que se fundó para cambiar la política terminó financiando ciencia, en calidad de multa.

Nadie rompió la ley. Ese es exactamente el problema: el error no fue que cobrara, fue que se volviera cobrable.

La misma lista reconoce 812 mil pesos por honorarios del interventor. El desglose merece leerse despacio: 40 por ciento a favor del interventor y 60 por ciento, 487 mil 200 pesos, por concepto de reintegro de recursos ya erogados del presupuesto del propio instituto electoral. Es decir, el costo de administrar la muerte del partido lo adelantó el erario y ahora figura como deuda del difunto. Hay que sumar poco más de un millón de pesos en remanentes de los informes anuales de 2020 y 2021 que deben devolverse a la Secretaría de la Hacienda Pública del estado.

Queda el renglón que ordena todo lo demás. En el apartado de acreedores de carácter laboral, el interventor asienta que Futuro no tiene obligaciones en protección de trabajadores. En el de acreedores fiscales, que no tiene adeudos determinados. Traducido: no hay una sola persona esperando que le paguen.

Si no hay a quién pagarle, la pregunta se formula sola. ¿Por qué sigue abierto?

Una parte de la respuesta está en el diseño de la norma. Los honorarios del interventor se cubren con cargo al patrimonio del partido en liquidación, y solo cuando ese patrimonio se agota los asume la autoridad electoral. El procedimiento, además, carece de plazo fatal. Quien administra el dinero cobra de ese mismo dinero, y nada lo obliga a terminar en una fecha determinada. No hace falta suponer mala fe para advertir que ahí no existe un incentivo a cerrar rápido.

El precedente nacional confirma que la advertencia no es teórica. El Partido Humanista perdió su registro en 2015 y su liquidación concluyó en junio de 2025, una década después. De acuerdo con La Razón, en ese proceso el interventor percibió alrededor de 67 millones de pesos por administrar un patrimonio cercano a 34 millones, casi el doble de lo que administraba. El mismo reporte consigna que el Instituto Nacional Electoral arrastra 237 litigios activos derivados de liquidaciones partidistas entre 2019 y 2024.

Mientras tanto, en Jalisco, el difunto se mantiene. Los informes de diciembre de 2025 y enero de 2026 registran ingresos por cero pesos y egresos de entre 87 y 99 mil pesos mensuales: renta de bodega, honorarios de gestoría, avalúos para vender los bienes que quedan, comisiones bancarias y un pago mensual de licencias de correo corporativo cuyo monto, sin impuestos, equivale a entre 24 y 48 buzones activos. Un partido disuelto sostiene decenas de cuentas de correo. Quién las lee es una pregunta que el documento no responde.

Conviene ser explícito para que nadie lea de más. No hay indicio de ilícito. El propio interventor consigna que no existen procedimientos jurisdiccionales de contenido patrimonial contra Futuro y que las obligaciones fiscales están cubiertas. Cada peso de este expediente tiene su acuerdo, su folio y su publicación en el Periódico Oficial. Precisamente por eso el caso importa.

El derecho tiene un nombre para los actos que se amparan en el texto de una norma para obtener un resultado que el ordenamiento no quiso: fraude a la ley. No supone violar nada. Supone usarlo. Robert Michels lo había descrito en 1911 en su forma sociológica, con una frase que no ha envejecido: quien dice organización, dice oligarquía. Toda maquinaria creada para democratizar termina generando su propia élite y sus propios intereses, y esos intereses sobreviven a las intenciones de quien la construyó. Aquí sobrevivieron incluso al partido.

Kumamoto, por su parte, no volvió a las urnas. Renunció a su regiduría en Zapopan el 12 de diciembre de 2024. Trece días después, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social propuso su nombre para la secretaría general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, cargo que asumió el 1 de enero de 2025 y en el que fue ratificado por tres años en septiembre de ese año. Un puesto que no requirió un solo voto.

Todo legal. El ahorro de 640 millones, derogado. Los 226 millones anuales de más, vigentes. Los 130 millones ya gastados. Los 13.8 millones todavía parados en el banco. La bodega, rentada.

La pregunta no es quién rompió la ley. Nadie la rompió. La pregunta es por qué la ley permite todo esto, y a quién le conviene que nadie tenga prisa.