Pintando lo que no se ve

El 8 de marzo de 2026, víspera del Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presumió que el feminicidio se redujo 35.3% en la capital durante 2025. La cifra inauguró la fase pública de la llamada ajolotización morada: puentes peatonales, murales, mobiliario urbano y unidades del Tren Ligero pintados con la paleta de la administración. Dos meses después, esa cifra ya no se sostiene. Según el corte de abril de 2026 del SESNSP, el primer trimestre del año registró 27 carpetas de investigación por feminicidio en la Ciudad de México, contra 7 en el mismo periodo de 2025: una velocidad 286% mayor. Si el ritmo se sostiene, 2026 cerraría alrededor de 108 casos, por encima del máximo decenal de la capital, que fueron 78 feminicidios en 2020. La administración del morado va, con el primer trimestre de 2026 contado, camino al peor año de feminicidio de la última década en su propia ciudad.

El cuadro adyacente es congruente. La violencia familiar acumuló en 2025 un total de 33,712 carpetas, 92 al día, y aunque el primer trimestre de 2026 viene 15% abajo, sigue corriendo a 78 diarias. La extorsión con víctima mujer pasó de 123 casos en 2024 a 613 en 2025, un alza de 398% en un año, ausente del discurso oficial del 8 de marzo. La corrupción de menores, delito en el que el 70% de las víctimas son mujeres, sube 16% en el primer trimestre. Y aparece una categoría nueva en el catálogo del SESNSP, la violación a la intimidad sexual, que tipifica la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión y los deepfakes: 375 carpetas en tres meses. Una violencia digital que apenas tuvo nombre legal el mismo año en que la ciudad se pinta de morado.

Conviene reconocer lo que la administración sí ha desplegado: el Sistema Público de Cuidados, 39 unidades adicionales a la Policía Especializada en Género y 1,289 detenciones por violencia familiar entre enero y septiembre de 2025. Reconocerlo importa, porque permite preguntar lo que sigue. Si la política se sostiene, ¿por qué la cifra que se presumió en marzo se revierte en mayo? Y, más a fondo, ¿por qué los indicadores vecinos, familia, extorsión, sextorsión, corrupción de menores, se mantienen o se aceleran mientras el feminicidio se exhibe? Si el feminicidio baja y todo lo demás sostiene o sube, no estamos ante una administración que esté ganando: estamos ante una que aprendió a iluminar el indicador que sí baja.

Pero hay un segundo nivel, y es el que más pesa. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene, al corte del 1 de diciembre de 2025, 7,242 registros para la Ciudad de México. De ellos, 947 corresponden a mujeres con datos visibles, 1,876 a hombres con datos visibles, y el resto sin sexo especificado en el registro. Los 4,307 restantes, el 59.5% del total, aparecen con todos los campos en blanco: sin sexo, sin edad, sin alcaldía, sin fecha. La marca administrativa es "Confidencial". La capital ocupa el cuarto lugar nacional en opacidad del registro: solo tres entidades muestran al público menos información sobre sus desaparecidos.

La opacidad no es ausencia de política: es una política.

Si la proporción de mujeres en la parte visible del registro (32%) se sostuviera en la parte oculta, y no hay argumento demográfico para suponer lo contrario, eso significaría alrededor de 1,378 mujeres adicionales desaparecidas en la capital cuyos datos básicos no aparecen en el registro público. No es una cifra confirmada: es una inferencia conservadora sobre datos que el propio Estado mantiene fuera de la vista. Lo confirmado es la opacidad: 6 de cada 10 registros capitalinos no muestran un solo campo. Eso ya no es iluminación selectiva. Es ocultamiento administrativo.

A Morelos hay que mirarlo aparte, porque cierra el cuadro. Gobernado por Margarita González Saravia, del mismo bloque que pinta puentes en la capital y con el mismo lenguaje feminista institucional, el estado registró en 2025 una tasa de 3.11 feminicidios por cada cien mil mujeres: segunda del país, solo debajo de Sinaloa, más del triple del promedio nacional, que es 0.99. La Jornada reportó el 10 de mayo de 2026 cincuenta feminicidios en los primeros 18 meses de esa administración. Si la operación estética fuera política pública, Morelos sería su mejor vitrina. Pero es donde más mujeres mueren per cápita en México. El morado, ahí, no es política: es superficie.

La distinción importa, porque sí existe un feminismo de Estado que construyó algo. Marcela Lagarde, antropóloga y diputada federal, redactó en 2006 el documento que fundamentó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, y empujó la tipificación del feminicidio como delito autónomo. Su tesis era de una simplicidad quirúrgica: si el Estado no tiene la obligación legal de llamarlo feminicidio, lo va a llamar otra cosa, homicidio, lesiones, riña, y el patrón se diluye. Por eso la ley.

Rita Segato llevó la advertencia más lejos. En Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (2014) sostiene que el Estado moderno administra la violencia contra las mujeres como espectáculo de su propia eficacia. Cuando el espectáculo se vuelve estética, colores, mascotas, lemas, la eficacia ya se volvió coartada. Leída a través de Lagarde y Segato, la operación capitalina tiene dos movimientos, no uno. El primero, conocido: iluminar el indicador que baja, exhibirlo, empacarlo en color y mascota. El segundo, el que el registro de desaparecidos deja a la vista: pintar encima de lo que no debe verse. Cuatro mil trescientos siete registros confidenciales no son un error técnico. Son un dispositivo. La opacidad no es ausencia de política: es una política.

El morado es un color noble. Las sufragistas británicas se lo ganaron a punta de cárcel en 1908; el 8M lo defiende cada año en medio mundo. Lo que está en discusión no es ese símbolo, sino quién lo toma, para qué y a costa de qué. Una administración lo tomó para vestir una cifra que se le revirtió en sesenta días; otra, la del estado cuya tasa de feminicidio triplica el promedio nacional, parece no haberlo tomado para nada. Y entre ambas, 4,307 registros de personas desaparecidas en la capital permanecen, al corte de esta columna (junio de 2026), sin un solo campo visible.

Cuando una administración pinta puentes y al mismo tiempo mantiene confidenciales 6 de cada 10 registros de sus desaparecidos, lo que hace ya no se explica con la palabra iluminación, sino con su contraria. No es solo pintar lo que no se cuenta. Es pintar, también, lo que no se ve.