Sabios solo cuando aplauden

Hay una manera elegante de quedarse con algo ajeno: lograr que la víctima firme el recibo. No es despojo a la fuerza, es despojo con acuse de recibo. Y la política mexicana de los últimos años ha refinado esa firma hasta volverla rito de Estado.

El sociólogo alemán Niklas Luhmann le puso nombre hace más de medio siglo, en Legitimation durch Verfahren (1969): legitimación por procedimiento. La idea es seca. En las sociedades modernas, la legitimidad de una decisión no descansa tanto en que sea justa como en que haya pasado por un rito reconocible. Si hubo foro, mesa, asamblea o urna, la decisión queda revestida, aunque el resultado estuviera escrito antes del primer voto. Y hay un efecto secundario, el más fino: quien participó en el rito pierde, de hecho, el derecho a impugnarlo. Ya firmó.

Conviene mirar el método, no las intenciones. La reforma judicial aprobada en el Congreso en 2024 sí llevó su apuesta central a las urnas: el 1 de junio de 2025 se celebró la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros en la historia del país. Solo que acudió a votar entre el 12.6% y el 13.3% del listado nominal, según la estimación del INE, alrededor de 13 millones de personas de casi cien millones convocadas. Una participación muy por debajo de cualquier elección ordinaria, y menor incluso a la que el propio oficialismo esperaba. Y ahí está el punto: con esa urna escuálida basta para que cualquier objeción, por ejemplo que elegir jueces por voto popular es una rareza que casi ninguna democracia constitucional practica, se conteste en tres palabras: el pueblo decidió. El rito se celebró; que casi nadie asistiera es lo de menos, porque la urna ya cumplió su función legitimadora.

No es la primera vez. La consulta de agosto de 2021 sobre enjuiciar a actores políticos del pasado convocó a cerca del 7% del padrón, muy lejos del 40% que la propia ley exige para que el resultado obligue. Tampoco ahí importaba el resultado, sino poder decir que se preguntó.

El mismo patrón se repite con el Tren Maya, cuyas consultas indígenas de 2019 fueron observadas por la propia oficina de la ONU-DH en México por no ajustarse a los estándares del Convenio 169 de la OIT. Los daños que documentan la UNAM y especialistas independientes, entre ellos tramos de selva fragmentada y cenotes intervenidos, llegan después del rito. Y el rito ya había absuelto. La consulta no se diseñó para escuchar, se diseñó para poder decir que se escuchó.

Aquí aparece el aporte específicamente local. No basta con cumplir el trámite, hay que ungirlo. Ya no se dice "se siguió el procedimiento", se dice "el pueblo sabio decidió". Y el que no comparte queda fuera del pueblo y fuera de la sabiduría en la misma frase: es conservador, es del pasado. La disidencia no se refuta, se excomulga. Es un movimiento preciso, porque traslada la discusión del terreno de los argumentos, donde se puede perder, al de los orígenes, donde basta con nombrar.

Te invitan a votar para que no notes que ya votaron por ti.

Nada de esto es invención mexicana. Es la gramática del autoritarismo electoral de este siglo. Putin sostuvo referendos bajo ocupación en Crimea y el Donbás. Maduro convocó una Asamblea Constituyente sin contrapeso. Erdoğan estrechó el poder con el referéndum de 2017. Orbán envía por correo sus "consultas nacionales", sin urna y con preguntas redactadas para que solo quepa la respuesta oficial. Ortega encarcela primero y vota después. La forma democrática se conserva intacta. Lo que se vacía es su contenido, y en su lugar se vierte aclamación. México no escribió ese manual: lo tropicalizó, le puso color local y lo volvió cálido.

Y conviene nombrar lo que de verdad está en juego, porque debajo del lenguaje participativo opera su contrario. Una consulta genuina sirve para defender a una comunidad de una decisión que la rebasa. Estos ritos hacen lo opuesto: usan la firma de la comunidad para imponerle lo ya resuelto. No amplían el poder de quien participa, lo gastan. Por eso lo que vivimos no es democracia participativa, sino una forma de anestesia: se invita a votar para que no se note que ya se votó por uno; se sienta a la gente a la mesa para que no advierta que la decisión se tomó en otro cuarto.

El costo no es abstracto. Lo paga el ciudadano convertido en feligrés, al que se le pide presencia pero no juicio, aplauso pero no duda. Y ahí se cae la tramoya entera, porque la sabiduría, por definición, incluye el derecho a dudar. Un pueblo al que se celebra mientras asiente y se expulsa cuando pregunta no es un pueblo sabio: es un pueblo administrado. "El pueblo es sabio", se repite desde la mañanera, ayer con López Obrador, hoy con Sheinbaum, pero la frase trae letra chica: sabio solo cuando aplaude.

Luhmann lo dejó dicho sin adornos: cuando el procedimiento sustituye al contenido, la democracia se vuelve liturgia. Y la liturgia no necesita fieles que piensen, le bastan fieles que repitan.

Habría, sin embargo, que concederle algo a quien gobierna. Tiene razón en una cosa: el pueblo es sabio. Tan sabio que algún día va a notar que lo único que le pidieron fue aplaudir. Y ese día, el rito se quedará sin feligreses.