Hace cinco siglos, los frailes mendicantes inventaron en la Nueva España un truco contable: las cuentas se llevaban en doble entrada, pero los libros que el visitador del rey leía no eran los mismos que los del archivo interno. La doble contabilidad no la inventaron los empresarios del siglo XXI: nació con la maquinaria misma del Estado virreinal. Lo que cambió fue la palabra. Antes se llamaba encubrimiento. Hoy se llama transparencia.

México vive el tercer momento de su historia institucional reciente en que un gobierno decide reemplazar el aparato fiscalizador autónomo por uno que depende del Ejecutivo. Esta vez no se hizo por decreto, se hizo por reforma constitucional. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos —el INAI— fue extinguido el 21 de marzo de 2025, un día después de que el decreto se publicara en el Diario Oficial. En su lugar, el gobierno federal creó un organismo con nombre publicitario: Transparencia para el Pueblo.

Lo dijo la propia secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro: el nuevo organismo asumiría el ochenta por ciento de las funciones del INAI con el cincuenta y dos por ciento menos de presupuesto. Quinientos millones de pesos al año de "ahorro". Lo que no dijo fue lo que cambiaba además del dinero: las cinco voces colegiadas de los comisionados del INAI fueron reemplazadas por una sola titular, designada por el Ejecutivo y dependiente administrativamente de la misma Secretaría a la que en muchos casos tendría que vigilar.

El acusado escoge al juez.

Tres meses después del estreno, Artículo 19 —organización de defensa de la libertad de información, una de las más sólidas del continente— descargó del propio portal oficial las resoluciones del nuevo organismo y las contó. De dos mil doscientos cincuenta y tres recursos de revisión interpuestos por ciudadanos a quienes el gobierno había negado información, sólo cuatrocientos cincuenta y siete fueron resueltos. De esos cuatrocientos cincuenta y siete, cuatrocientos cincuenta y cinco fueron desechados. El noventa y nueve coma seis por ciento. El organismo respondió con su propio número: catorce coma seis por ciento. Las dos cifras provienen del mismo dataset oficial; lo que las separa es metodología. Pero incluso en la versión más amable al gobierno, ese catorce coma seis supera al peor año del INAI autónomo, cuyo promedio histórico rondaba entre el dieciocho y el treinta por ciento de desecho.

Lo más revelador del expediente no son las cifras. Es lo que sucede cuando un periodista intenta verificarlas hoy. El portal oficial transparencia.gob.mx opera sin certificado de seguridad válido — los navegadores marcan el sitio como inseguro antes de mostrar contenido. El único conjunto de datos que el organismo publica en datos.gob.mx, el portal nacional de datos abiertos, es un Plan de Apertura: un papel donde el propio organismo se comprometió a publicar nueve tipos de datasets durante 2026. La primera fecha era mayo. Este programa descargó el documento original ayer.

Al diecinueve de mayo de 2026, ningún dataset prometido aparece publicado. El organismo que se llama Transparencia para el Pueblo cumplió con publicar un plan; no con publicar la transparencia.

En Morelos el modelo federal se replicó con precisión quirúrgica. El IMIPE —organismo morelense autónomo, equivalente local al INAI— fue extinguido por decreto el veintisiete de enero de 2026, diez meses después del federal. El gobierno de Margarita González Saravia, en el día quinientos noventa y seis de su mandato, completó la operación con el decreto del seis de mayo: una Transparencia para el Pueblo de Morelos subordinada administrativamente a la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo estatal. Mismo molde: cinco comisionados colegiados sustituidos por una titular; presupuesto recortado de veintisiete a cinco millones; sin portal funcional a la fecha. Cuatro mil quinientas noventa y nueve quejas ciudadanas que el IMIPE no alcanzó a resolver fueron desechadas, al cierre del instituto, sin pronunciamiento de fondo. Quedaron en el aire.

Este programa auditó veintinueve sitios oficiales del gobierno de Morelos. Once funcionan. Dieciocho no le sirven al ciudadano: siete son cascarones decorativos, siete no responden, dos son inseguros, uno está extinto y uno nunca tuvo portal. El portal local de transparencia es una pantalla de inicio de sesión con un eslogan. El sitio anterior, transparenciamorelos.mx, sólo muestra el mensaje Sitio No Vigente. El órgano sustituto del IMIPE no tiene siquiera URL pública asignada. La oficina de contrataciones opera bajo aviso permanente de modernización desde hace tanto que el aviso ya es la cosa.

"Las instituciones democráticas no se eliminan: se vacían por dentro. La estructura formal permanece, pero la sustancia se evacua."

Wendy Brown · Undoing the Demos (2015)

La filósofa estadounidense describió en ese libro el mecanismo: el órgano garante existe, el portal se nombra transparencia, la ley se cita en cada respuesta — pero la sustancia se evacua. Lo que queda es una cáscara que cumple con el lenguaje sin cumplir con la función. Brown la llamaba democracia desovada. Aquí podríamos llamarla transparencia desovada.

Cuando un ciudadano pregunta hoy a un funcionario por un contrato, el funcionario responde: pida la información por transparencia. Lo que el funcionario calla es que el órgano que recibiría su solicitud depende del mismo Ejecutivo que tiene la información que oculta; que el portal donde tendría que consultar los datos muestra un eslogan en vez de los datos; que la institución que vigilaría que le respondan acaba de ser cancelada; y que la nueva institución desecha entre el catorce y el noventa y nueve por ciento de los recursos que recibe — depende de cómo se cuente, pero siempre por encima del promedio histórico del modelo que sustituyó.

Esto no es accidente burocrático. Es diseño. La opacidad ya no es defecto del aparato estatal: es su rasgo.

45 Digital Noticias.