Cobran por existir

El sábado 16 de mayo de 2026, en la Marcha por la Paz, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, soltó la frase que debió abrir los noticieros de esa semana: "Ya no cobran por un negocio. Cobran por existir." Habló de Huautla, en Tlaquiltenango, donde, según denunció desde el púlpito, dos cárteles, la Familia Michoacana y el CJNG, imponen una cuota de doscientos pesos por habitante por casa. Una familia de cinco paga mil pesos quincenales por dormir en su propia cama. El sacerdote Rutilo Virgilio tuvo que dejar la parroquia de San Francisco de Asís y huir; el templo lleva semanas cerrado.

Lo dijo un obispo, pero los números no son del obispo: son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recopilados en el panel de seguimiento de este espacio. Morelos cerró el primer trimestre de 2026 como primer lugar nacional en extorsión, primero en feminicidio, primero en robo de vehículos y segundo en homicidios, detrás de Colima. Entre 2015 y 2025, su tasa de homicidio creció 107.7% mientras el promedio nacional creció 24%. Y desde hace quince años consecutivos encabeza el país en percepción de inseguridad: nueve de cada diez adultos no se sienten seguros donde viven. El municipio de Cuautla concentra el 61.8% de toda la extorsión estatal, más de seis veces lo que le correspondería por su peso demográfico. Cuando el obispo dijo "cobran por existir", no hacía metáfora. Describía un mercado.

Sobre ese fondo aterriza el lunes 18 de mayo. Una columna sin firma en un periódico de circulación nacional reporta que la embajada de Estados Unidos habría enviado a la gobernadora Margarita González Saravia un correo sobre su estatus migratorio, vinculado a una presunta investigación por financiamiento de campaña y presiones contra opositores. El gobierno estatal lo niega de inmediato: el secretario Edgar Maldonado Ceballos lo califica de "absolutamente falso" y de "tintes políticos". Sea o no cierto ese caso particular, el contexto ya no se discute: desde mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha cancelado visas a más de cincuenta políticos mexicanos, en su mayoría de Morena. El ambiente que rodea a la gobernadora ese lunes ya no es ambiente: es cerco.

Y entonces llega el miércoles 20. A media mañana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anuncia desde la Ciudad de México la fase Morelos de la Operación Enjambre. Caen el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, cuyos dos hermanos serían, según el reportaje de la "dinastía Sánchez" de El Universal, el alcalde actual de Yecapixtla y un diputado local; el oficial mayor y el tesorero de Cuautla; una excandidata por el PAN a la alcaldía de Atlatlahucan, Arisbel Rubí Vázquez Amaro, con historial previo de regidora morenista; y Horacio Zavaleta Malacara, exoficial mayor del gobierno panista de Cuautla que, según el mismo reportaje, paralelamente construía su aspiración a la alcaldía por Morena. Se confirma la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, ya prófugo. De los siete imputados con cargo o aspiración política, seis pertenecen al bloque opositor PAN-PRI-PRD-RSP y solo uno, Zavaleta, rompe el patrón con tránsito hacia Morena. El peso del operativo cae nítidamente sobre la coalición opositora del cinturón oriente.

La justificación penal es real. En febrero de 2025 se difundió un video grabado en un jardín de Totolapan, en los Altos de Morelos, donde aparecen reunidos cuatro políticos con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, identificado por la autoridad como cabeza regional del Cártel del Pacífico. En ese video están los tres alcaldes opositores ya mencionados. Pero también aparece un cuarto: Raúl Tadeo Nava, cuya trayectoria conviene precisar porque importa. Fue diputado local 2012-2015 por el PRD, alcalde de Cuautla 2016-2018 también por el PRD, candidato fallido por el PT en 2018 y, en el sexenio actual, integrado a Morena. Imputado en 2023 por presuntamente desviar 9.8 millones de pesos del cobro anticipado del predial cuando fue alcalde, aspirante a dirigir Morena en Morelos y operador histórico, desde la infancia según ha admitido la propia gobernadora, de Margarita González Saravia. Tadeo Nava no está entre los detenidos del miércoles. La gobernadora ya lo había defendido cuando estalló el escándalo del video: "saldrá libre", aseguró entonces. Misma evidencia, mismo expediente, mismo jardín, distinto desenlace procesal.

La selectividad se mide en una sola pregunta: quién quedó libre.

Y mientras eso ocurre, en Cuernavaca pasa otra cosa que casi nadie cubrió. Un grupo de abogados intenta tramitar a favor de Corona Damián el amparo que pediría la suspensión contra la orden de aprehensión. La nota, de El Universal, lo dice al pasar: los juzgados de distrito de Morelos declararon ese miércoles "día inhábil pero laborable", es decir, plazos procesales suspendidos pese a haber personal en oficinas. El mismo diario reportó, en una sola línea sin segunda fuente, que esos juzgados habrían sido evacuados al mediodía por una amenaza de bomba que terminó descartada; si se confirma, refuerza la coreografía del bloqueo, pero la sola declaratoria de inhabilidad ya impedía dictar la suspensión. El edificio quedó sin posibilidad procesal de admitir la demanda ese día. La inhabilitación política del rival se cierra con candado.

El jueves 21, González Saravia emite comunicado: "Respaldamos las acciones del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en Morelos." En cuarenta y ocho horas, la narrativa cambió de signo. Dejó de ser la gobernadora con peores indicadores del país, asediada por la sociedad civil y por rumores diplomáticos. Pasó a ser la gobernadora aliada al éxito federal contra la corrupción municipal opositora. Sin haber movido un dedo por los que pagan los mil pesos quincenales en Huautla.

A esto, Levitsky y Way, en Competitive Authoritarianism (Cambridge University Press, 2010), le pusieron nombre: autoritarismo competitivo con campo de juego sesgado. Son regímenes que conservan las elecciones, la separación formal de poderes y una prensa formalmente libre, pero usan tres herramientas selectivas para inclinar el terreno: persecución penal contra rivales, control de medios y cooptación de los órganos de control. La gracia del modelo es que el oficialismo no necesita anular la democracia: basta con que el rival pague costo penal mientras los propios operan con impunidad. María Amparo Casar, en Anatomía de la corrupción, lo formula más seco: en México, la selectividad de la persecución penal no es disfunción del sistema, es modo de gobierno. Se distribuye impunidad como se distribuye presupuesto.

A mi juicio, el miércoles 20 de mayo en Morelos no fue una operación contra el crimen organizado, sino una operación con criterios de gestión política del territorio, justificada con criterios penales que son reales pero aplicados selectivamente. Y esa selectividad se mide en una sola pregunta: quién quedó libre.

Si un obispo tiene que salir a la calle a denunciar que a los vecinos de una comunidad los obligan a pagar piso por dormir en su propia casa, y al día siguiente del operativo la gobernadora del estado más extorsionado y más feminicida del país, y el segundo más asesinado, está subida al éxito mediático sin haber tocado el problema de los doscientos pesos, el problema dejó de ser la red criminal. El problema es que el Estado mexicano ya no opera con criterios de protección al ciudadano. Opera con criterios de cuidado del propio. La diferencia se mide en lo más simple: en quién duerme tranquilo y en quién, esta noche, todavía paga doscientos pesos por persona por seguir despertando en su propia cama.