Los perros tienen la correa suelta (El reglamento que nadie escribió)

El gancho de una grúa no necesita reglamento para cerrarse sobre un coche. Para soltarlo sí. En Morelos rige desde el 26 de noviembre de 2025 la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, y su artículo 192 dice que el procedimiento para liberar un vehículo del corralón "se establecerá en el Reglamento". Ese Reglamento tenía fecha: 25 de mayo de 2026. Hoy, 16 de septiembre, no aparece en el Periódico Oficial ni en el Marco Jurídico del estado. Son 114 días de retraso.

La ley tiene 102 páginas y 215 artículos. En ese cuerpo, la palabra "Reglamento" aparece 105 veces referida al reglamento de la propia ley. Lo cita 105 veces y nadie lo ha visto. Una ley que remite 105 veces a un documento de cero páginas. Lo que sí existe es el gancho.

No es el único plazo vencido. La misma ley traía cinco, y los cinco se pasaron. Los 36 ayuntamientos tenían 180 días para adecuar sus reglamentos, y solo tres lo hicieron: Cuernavaca, Totolapan y Tlaltizapán. Otros 22 siguen con un texto anterior a la ley, el más viejo de mayo de 2019, y de 11 municipios no apareció reglamento de tránsito en la consulta al Marco Jurídico, lo que no prueba que carezcan de él. En su descargo hay que decir que se les pidió adecuarse a una ley cuyo propio reglamento no existe: llenar el anexo de un contrato que el estado todavía no escribe. Los lineamientos para certificar escuelas de manejo vencieron el 24 de febrero, hace 204 días. El Observatorio Ciudadano, el órgano con participación de la sociedad que podría preguntar por todo esto, debía quedar instalado el 26 de marzo y no hay constancia pública de que exista; lleva 174 días. El único que podría preguntar por el reglamento es justo el que no se instaló.

Lo que está en juego se mide en dinero del lector, y el estado ya supo escribirlo antes. El Reglamento de Transporte de 2008 ordenaba que las tarifas de grúa las fijara el titular del Ejecutivo y se publicaran en el Periódico Oficial y en dos diarios de mayor circulación. Hoy no hay ninguna tarifa estatal de grúas publicada. Los transportistas que bloquearon el Congreso el 1 de febrero midieron el hueco: liberaciones "desde los 20 mil hasta los 80 mil pesos" en grúas y corralones particulares, y la razón, "no existe un padrón oficial sobre el número de corralones y grúas" que operan en el estado. Entre una tarifa que el Ejecutivo estaba obligado a publicar y 80,000 pesos de liberación no hay, a mi juicio, una diferencia de criterio. Hay una página en blanco, y la página en blanco es la tarifa.

Lo que hace distinto este vacío es que antes no existía. Morelos sí tiene un reglamento de grúas: el de una ley que ya no existe. El Reglamento de Transporte de 2008 clasifica el "servicio de grúas" como transporte público de carga, describe el equipo mínimo de cada grúa, del malacate a las banderolas, y ordena que las tarifas las fije el titular del Ejecutivo y se publiquen en el Periódico Oficial y en dos diarios de mayor circulación. Cuelga de la Ley de Transporte de 2014, que la ley nueva abrogó en su tercera transitoria. Sigue publicado, sin marca de abrogación, sostenido por una ley muerta. La ley nueva, por su parte, no nombra a las grúas ni una vez en 102 páginas; su artículo 78 clasifica la carga en general y especializada, y ahí se acaba. Se tumbó la regla vieja, la regla nueva se mandó a un reglamento, y el reglamento no se escribió. Visto con las fechas encima, cuesta trabajo leerlo como descuido.

Una ley que remite 105 veces a un documento de cero páginas. Lo que sí existe es el gancho.

Es como firmar un contrato de renta que dice que el monto, la forma de pago y el procedimiento para recuperar el depósito están en un anexo, y el anexo no se ha redactado. Conveniente, y la pregunta es para quién. El inquilino no queda sin obligaciones: queda sin saber cuáles son. Mientras tanto, el casero cobra lo que le parece.

El aparato no estuvo parado. El 7 de enero el gobierno estatal anunció un acuerdo con los transportistas para que el paso del modelo hombre-camión al de empresa fuera "voluntaria y gradual, no obligatoria". El 1 de febrero, con los camioneros bloqueando el Congreso, la gobernadora dijo que desde el inicio de su administración existía un diagnóstico de "cuotas excesivas", que habría una mesa de trabajo para garantizar "tarifas justas y procedimientos transparentes", que la iniciativa estaba "en desarrollo" y que se analizaban corralones públicos "sin fines de lucro". El 22 de abril el Congreso aprobó y el 23 se publicó el Decreto 1170: donde la transitoria octava decía que los concesionarios "deberán ajustarse" a las obligaciones nuevas de operación, seguridad y equipamiento, ahora dice que los "que así lo deseen, podrán ajustarse", con "mecanismos de adhesión voluntaria". Del anuncio a la publicación pasaron 106 días. El 28 de abril las organizaciones civiles se levantaron de la mesa: siete reuniones, ningún tabulador, y una propuesta que "se limita a beneficiar a los concesionarios de grúas y corralones". El 25 de mayo venció el plazo del Reglamento. El 18 de junio el Ejecutivo publicó una tarifa: la del pasaje de camión, que subió 3 pesos y quedó en 13. Son 15 páginas y la palabra grúa no aparece ni una vez. Hubo diagnóstico, mesa, iniciativa, dictamen, votación, publicación y tarifa. Lo que no hubo fue la página que dice cómo recuperar un coche. El aparato escribe rápido cuando quiere.

La politóloga Alisha Holland llamó forbearance, tolerancia deliberada, a los casos en que un gobierno decide no aplicar una norma que sí podría aplicar. Su prueba para distinguirla del simple retraso es mirar si el mismo aparato funciona para otras cosas. Cuando funciona, la omisión deja de ser incapacidad y se vuelve elección. No estoy diciendo que alguien lo diseñó. Estoy contando los días, y los días están en el Periódico Oficial.

En contra de esta lectura pesan cuatro cosas. El Decreto 1170 lo aprobó el Congreso y el Reglamento le toca al Ejecutivo: son dos poderes distintos, y esta columna no los confunde. La reforma de abril salió de una negociación pública, anunciada desde enero y justificada por escrito para que los concesionarios no "pudieran sentirse perjudicados"; no fue un movimiento a escondidas. La transitoria octava habla de concesiones en general y, como las grúas ni aparecen en la ley nueva, es posible que ni las alcance. El reglamento tardío, además, es la regla en México y no la excepción: la mayoría de los municipios de Morelos opera con reglamentos de tránsito de 2019 o anteriores, un abandono más viejo que este gobierno. El propio Congreso lo dejó escrito en febrero, al aprobar la exención de grúa y corralón para víctimas de robo: "la sociedad ha demandado se regule el servicio de grúas y corralones". Esa exención entra en vigor el 1 de enero de 2027. Hasta la piedad trae transitoria.

Si en abril hubo tiempo, votos y publicación para volver voluntaria una obligación, y en junio hubo tiempo para subir el pasaje, ¿por qué no lo ha habido, en 294 días de ley, para escribir la página que dice cuánto cuesta y cómo se recupera un coche del corralón?

Cerrar el gancho ya está escrito; soltarlo no. Un vacío tan conveniente no necesita que alguien lo haya diseñado: le basta con que nadie tenga prisa por llenarlo, y mientras tanto alguien cobra.

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