El truco del "Estado de Derecho"

Hay una frase que los políticos sueltan cuando se les acusa de algo: "Estado de Derecho". La pronuncian, hacen una pausa, y el tema parece cerrarse. Suena seria, republicana, indiscutible. Y precisamente por eso hay que mirar cómo la usan.

La distinción que el español desdibuja se entiende mejor en inglés, donde existen dos expresiones que aquí traducimos igual. Una es rule of law, el imperio del derecho: la ley está por encima del gobernante, que también la cumple y, si no lo hace, alguien con autoridad puede obligarlo. La otra es rule by law, el gobierno mediante la ley: la ley es una herramienta que el gobernante usa. Él decide qué se investiga, qué se castiga y qué se perdona, pero lo hace siempre "conforme a la ley", porque controla a quienes la interpretan.

En el primer caso la ley te frena; en el segundo, la ley te firma.

El ejemplo extranjero lo aclara. Cuando el gobierno de Xi Jinping invoca la legalidad, tiene razón: casi todo lo que hace es legal. La pregunta no es esa, sino si la ley lo limita, y la respuesta es no, porque controla a quienes dicen qué es legal. Lo mismo, con matices, en la Rusia de Putin, la Hungría de Orbán o la Turquía de Erdoğan. No son países sin leyes; son países donde la ley dejó de ser un freno y se volvió un sello. Los índices que miden la calidad democrática llevan más de una década registrando ese deslizamiento.

En México la frase no cambió de palabras: cambió de física. Cuando desde el poder se pide "que investigue la fiscalía conforme a derecho", el enunciado es impecable en el papel. Adquiere otro peso cuando se pronuncia sobre un aparato cuyo titular debe lealtad política, en un país donde los poderes legislativo y judicial fueron reconfigurados y donde una mayoría calificada permite reformar la Constitución cuando estorba.

Hay un detalle que vale notar por encima de los demás. La expresión "conforme a derecho" no se usa igual en los dos sentidos. Cuando se trata de proteger a alguien cercano al poder, se vuelve técnica: no hay denuncia formal, no hay pruebas suficientes, hay que respetar el debido proceso, hay que esperar. Cuando se trata de un adversario, las mismas palabras se vuelven sustantivas: hay indicios claros, el pueblo merece saber, la justicia debe llegar, la fiscalía debe actuar ya. La misma frase, usada como un guante: por fuera o por dentro, según convenga.

Eso, sin tecnicismos, ya no es Estado de Derecho. Es otra cosa que se llama igual.

El problema no es lo que ocurre hoy, sino lo que ocurre después. El día que este mismo gobierno necesite que le crean, que su denuncia es seria, que su investigación es real, que su fiscalía es autónoma, ya nadie tendrá motivos para creerle. Y eso no se arregla con un comunicado.

Por eso conviene quedarse con una sola pregunta, la única que de verdad importa, cada vez que alguien en el poder pronuncia con solemnidad las tres palabras: ¿quién decide qué es legal? Si la respuesta es "el mismo que está hablando", la frase dejó de significar lo que parece.

Pieza hermana, con el mismo mecanismo visto en casos concretos: Cuando el legalismo es coartada.