Las que no tenían consulado

Claudia Tacoronte Aguilera fue atacada con un arma blanca la noche del sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla. Tenía 21 años, estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y llevaba un mes de intercambio en la UAEM. El domingo, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que el caso se investigaba con protocolo de feminicidio y que la Fiscalía ya estaba en contacto con el consulado de España. El lunes, la gobernadora Margarita González Saravia recibió al cónsul en Palacio de Gobierno, la Fiscalía solicitó la colaboración de la FGR y la presidenta Claudia Sheinbaum, al cierre de su conferencia matutina, dijo que el gabinete de seguridad estaba ayudando a la Fiscalía de Morelos. El martes, un juez concedió la orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", identificado por videos de vecinos. La gobernadora lo anunció en un video de 43 segundos que cierra así: "Quiero reiterarles que no descansaremos hasta dar con el que resulte responsable y haremos justicia con todo aquel que atente contra la paz de los morelenses", y pidió a la población llamar a la Fiscalía con cualquier dato. El jueves 17, el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch anunció la detención, resultado, dijo, de un operativo coordinado entre la Defensa, la Marina, la FGR, la Guardia Nacional, la SSPC federal, la Fiscalía de Morelos y la policía estatal; no precisó dónde ni cómo. Cinco días. El fiscal había reconocido el día anterior que la identificación salió de los videos que aportó la ciudadanía, y que el señalado "cuenta con antecedentes penales"; Milenio reportó que vecinos de la colonia Miguel Hidalgo lo habían visto y que esos reportes habrían contribuido a ubicarlo. El Estado tardó cinco días en detener a alguien a quien ya conocía.

Conviene decirlo sin ironía: así debe funcionar. La pregunta de esta columna es por qué no funciona así con las demás.

Este espacio lleva desde el 17 de septiembre un registro de los asesinatos ocurridos en Morelos en 2026 que dejaron huella en prensa. La cosecha suma 8,777 notas de 113 medios, de las cuales 2,999 hablan de un homicidio en el estado; se han leído completos enero, febrero, marzo, agosto y septiembre, y abril a julio siguen en proceso. En esos cinco meses aparecen 35 casos con una mujer asesinada. La prensa publicó el nombre de 14. En 2 hay una persona detenida: el de Kimberly Ramos Beltrán, la estudiante de la UAEM hallada el 2 de marzo en Chamilpa, cuyo novio fue vinculado a proceso, y un caso de agosto en Cuernavaca. En 1 hay orden de aprehensión: el de Claudia. En los otros 32, la fuente declara que no hay detenidos o no informa nada.

Los nombres que sí se publicaron dicen quiénes son las demás. Karol Toledo Gómez, 18 años, alumna de la UAEM en Mazatepec, hallada el 5 de marzo en la carretera Coatetelco-Miacatlán: sin detenidos seis meses después. Michelle Itzayana Fuentes Calderón, 15 años, desaparecida en Yautepec el 24 de mayo y localizada el 2 de junio cerca de Tepoztlán: sin detenidos. Sandra Rosa Camacho Flores, activista y excandidata en Temoac, que había denunciado amenazas y pedido seguridad, asesinada a balazos el 26 de marzo: sin detenidos. Yolanda Millán López, ayudante municipal de Tepetzingo, en Emiliano Zapata, acribillada el 5 de agosto al llegar a la ayudantía: sin detenidos. Catalina, en Oaxtepec, el 8 de enero. Sandy Barreto, en Jonacatepec, el 31 de enero. Yesenia "N", privada de la libertad en su casa de Yautepec y hallada al día siguiente con un disparo en la cabeza, el 18 de marzo. Ofelia "N", en Cuernavaca, el 1 de agosto. Ninguna tuvo cónsul, ni mañanera, ni orden en tres días.

La cifra oficial ya se discutió en este espacio hace tres semanas y basta recordarla: entre enero y julio de 2026 fueron asesinadas 69 mujeres en Morelos, 21 registradas como feminicidio y 48 como homicidio doloso, de acuerdo con los registros de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tres de cada diez reciben la etiqueta. La Suprema Corte ordenó desde 2015, en el caso Mariana Lima Buendía, que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio con perspectiva de género; es un deber de investigación, no una regla de conteo, y por eso la proporción no mide cuántas murieron por razones de género sino cuántas veces la fiscalía lo acreditó.

Lo nuevo está en otro renglón del mismo registro. El catálogo del Secretariado tiene una categoría residual llamada "otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal", donde cada fiscalía deposita lo que no cabe en homicidio, feminicidio, lesiones ni aborto, sin decir de qué delito se trata. Entre enero y julio de 2025, Morelos registró ahí 82 víctimas mujeres. En el mismo periodo de 2026 registró 236. El salto es de 2.9 veces y comienza exactamente en enero: 9, 7 y 11 víctimas mujeres en los tres primeros meses de 2025; 41, 34 y 28 en los de 2026. Los hombres en esa misma casilla pasaron de 257 a 211. El país entero, en mujeres, bajó de 3,130 a 2,172, una caída de 31%. Morelos quedó en cuarto lugar nacional por víctimas mujeres en ese cajón, detrás del Estado de México, Baja California y la Ciudad de México, y por encima de Chihuahua y Tamaulipas, cuya población casi duplica la suya. De las 236, 192 aparecen con edad "no especificada".

Ninguna tuvo cónsul, ni mañanera, ni orden en tres días.

Hay que detenerse aquí, porque la lectura fácil está a un paso y no se sostiene con lo que hay. No afirmo que en ese cajón se escondan homicidios de mujeres. Nadie fuera de la Fiscalía puede afirmarlo, porque la categoría no nombra el delito, incluye conductas no letales y el catálogo nacional cambió en enero de 2026, lo que movió rubros enteros de lugar: en Morelos, "otros delitos que atentan contra la libertad personal" pasó de 157 víctimas mujeres a 1 en un año, mientras apareció "privación ilegal de la libertad" con 43. Lo que los datos sí permiten decir es más acotado y no por eso menor: en el mismo estado, con el mismo registro y en los mismos siete meses en que la etiqueta de feminicidio se encoge, la casilla que no nombra el delito se triplica, y solo en mujeres. La pregunta tiene respuesta en una lista que la Fiscalía posee y esta columna va a solicitar por transparencia: qué delitos, con víctima mujer, registró bajo esa rúbrica de enero a julio de 2026.

Debajo de ese registro hay otro. En el archivo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 1 de diciembre de 2025, Morelos tiene 2,063 personas con reporte activo. De ellas, 837 son hombres y 390 son mujeres. Las otras 835, cuatro de cada diez, aparecen como "confidencial": sin sexo, sin fecha de desaparición, sin municipio. Excélsior reportó en abril, con datos del mismo registro, que Morelos cerró 2025 con 2,080 personas no localizadas, 623 de ellas mujeres, y que en enero de 2026 se registraron 57 desapariciones contra 26 en enero de 2025. La cifra de mujeres desaparecidas de enero a julio de 2026, comparable con la de asesinadas, existe en el tablero público del registro y no en ningún archivo descargable; queda pendiente y se dirá cuando se tenga.

Las organizaciones civiles llevan su propia cuenta y conviene ponerla al lado. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentó 121 feminicidios en 2025; el Secretariado registró 35. La suma oficial de feminicidios y homicidios dolosos de mujer en ese año es 119: la sociedad civil cuenta a todas las asesinadas, el Estado etiqueta a un tercio. A mediados de marzo de 2026, el Comité contra el Feminicidio en Morelos contabilizaba 21 casos en el año; la cifra oficial de feminicidio a esa fecha era de 8.

Judith Butler publicó en 2009 Frames of War, y la pregunta del subtítulo organiza todo lo anterior: ¿cuándo es una vida llorable? Su argumento es que el duelo público no responde al valor de una vida sino al marco que la hace reconocible como pérdida, y que ese marco se produce, se administra y deja fuera a quienes no caben en él. Una vida que no entra en el marco no se llora en público; lo que no se llora en público no obtiene prisa. A mi juicio, eso es lo que la semana pasada quedó a la vista en Morelos: no una jerarquía de vidas declarada, sino un marco que se activó completo, con fiscal, gobernadora, cónsul, FGR y presidenta, cuando una muerte fue reconocible desde otro país, y que para las demás sigue apagado.

No sostengo que la vida de Claudia Tacoronte valga más ni que la respuesta a su caso haya sido excesiva. Sostengo lo contrario: que esa respuesta fija la medida de lo que el Estado de Morelos puede hacer cuando decide hacerlo, y que a partir de ahora cada expediente sin detenido se lee contra esa medida: cinco días, siete corporaciones y un detenido, con la ciudadanía poniendo los videos y los avisos. La propia gobernadora formuló la promesa en general, para "todo aquel que atente contra la paz de los morelenses". Karol, Michelle, Sandra Rosa y Yolanda eran morelenses, y en sus expedientes nadie ha dicho todavía que no va a descansar.

Karol, Michelle, Sandra Rosa, Yolanda, Catalina, Sandy, Yesenia, Ofelia, y las 21 de las que la prensa no publicó el nombre. Cinco días fue lo que tomó cuando alguien miraba, y buena parte del trabajo lo hizo la gente. La pregunta, entonces, es para el gobierno de Morelos y cabe en una línea: ¿y las otras, para cuándo?

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