Los que sí tuvieron nombre

Entre abril de 2025 y la semana pasada, 7 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron asesinados. Sus nombres son conocidos porque la prensa nacional los cubrió: Aylin Rodríguez Fernández, 20 años, de la Facultad de Psicología, hallada sin vida en Jiutepec el 4 de abril de 2025, con un compañero de la propia universidad vinculado a proceso. Kimberly Joselín Ramos Beltrán, 18, de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, hallada en una zona boscosa de Cuernavaca a inicios de marzo de este año, con su pareja sentimental detenido y procesado. Karol Toledo Gómez, 18, alumna de segundo semestre de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, hallada el 5 de marzo en Coatetelco, sin ningún detenido a la fecha. Michelle Itzayana Fuentes Calderón, 15 años, estudiante de bachillerato en la modalidad mixta de la UAEM, hallada el 2 de junio en Tepoztlán once días después de salir de su casa en Yautepec a comprar una cartulina. Claudia Tacoronte Aguilera, 21, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada inscrita en la UAEM, asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, con un detenido vinculado a proceso el 18 de septiembre. El sábado pasado, Christian y Gael, ambos de 17 años, alumnos de la Preparatoria número 2, murieron a balazos en la colonia Chulavista de Cuernavaca al salir de una reunión, sin detenidos hasta el cierre de esta columna.

7 nombres en 18 meses son, para cualquier lectura razonable, una cifra que exige explicación pública. Pero conviene hacer la pregunta que normalmente no se hace: ¿por qué estos siete y no otros? La prensa no cubre homicidios al azar ni en proporción a su número. Cubre los que tienen un gancho narrativo (la juventud de la víctima, su condición de estudiante, un detalle que humaniza) y dentro de ese filtro, decide cuáles se vuelven caso. El criminólogo argentino Eugenio Raúl Zaffaroni describió este mecanismo en La cuestión criminal (2011) bajo el nombre de criminología mediática: los medios de comunicación no determinan cuántos delitos ocurren, pero sí determinan cuáles se vuelven visibles, y esa selección construye en la opinión pública una imagen de la criminalidad que puede diferir radicalmente de su magnitud real.

Para medir esa magnitud, esta columna recurrió a una fuente distinta a la prensa y distinta también a las carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: la microdata de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), construida a partir de actas de defunción del Registro Civil, servicios médicos forenses y ministerios públicos. A diferencia de la carpeta de investigación, el acta de defunción no depende de que alguien denuncie ni de que un caso avance: se levanta siempre que hay un cuerpo. Es, con todas sus limitaciones, el conteo más cercano a la magnitud real del homicidio que produce el Estado mexicano.

El resultado, filtrado a Morelos y a personas de entre 15 y 29 años (el rango de edad de la educación media superior y superior), es el siguiente: cada año, entre 2018 y 2024, murieron por homicidio en el estado entre 316 y 578 jóvenes de ese rango. Sumados los 6 años completos del sexenio de Cuauhtémoc Blanco (octubre de 2018 a septiembre de 2024), la cifra es de 2,842. De esos 2,842, únicamente 2 llegaron a tener nombre público como estudiantes de la UAEM en ese periodo: María Fernanda Toledo Cervantes, secuestrada y asesinada en diciembre de 2018, y Mariana Leticia Valladares Castañeda, asesinada en mayo de 2019, con un compañero de escuela sentenciado a 26 años de prisión. 2 casos de 2,842 equivalen al 0.07% del total.

Los otros 2,840 son un número dentro de un boletín mensual.

Esa cifra no significa que solo dos estudiantes hayan sido asesinados en seis años. Significa que solo dos alcanzaron la visibilidad necesaria para convertirse en caso público, indignación colectiva y exigencia de justicia. Los otros 2,840 jóvenes son, para efectos de la conversación pública, un número dentro de un boletín mensual.

Sobre el gobierno actual, la honestidad metodológica obliga a una advertencia: el INEGI publica la EDR definitiva de un año calendario aproximadamente once meses después de cerrado ese año, de modo que hoy no existe todavía microdata de 2025 ni de 2026. La única ventana comparable es la de octubre a diciembre de 2024, con 116 homicidios de jóvenes de 15 a 29 años en Morelos, un promedio mensual de 38.7, prácticamente idéntico al promedio de 39.5 registrado durante todo el sexenio de Blanco. Esta columna no sostiene, con este dato, que la violencia contra los jóvenes haya aumentado o disminuido de una gubernatura a otra: la ventana disponible es demasiado corta para esa afirmación, y quien la haga con lo que existe hoy estaría diciendo más de lo que el dato permite. Lo que sí sostiene, con la misma solidez, es que la escala del fenómeno (cientos de jóvenes asesinados cada año en Morelos) no es privativa de ningún gobierno en particular: atraviesa al menos 2 sexenios de signo político distinto.

Un dato adicional refuerza, sin probarla, la lectura de fondo: los 6 municipios donde ocurrieron los 7 casos documentados (Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán y Miacatlán) figuran, los 6, entre los municipios con mayor número de homicidios de jóvenes del estado según la misma fuente. La coincidencia territorial no demuestra que los casos anónimos y los casos con nombre compartan circunstancias; demuestra que el mapa de la violencia visible y el mapa de la violencia medida por el Estado coinciden en su geografía, aunque difieran radicalmente en su volumen.

La pregunta que esta columna deja abierta, y que no le corresponde responder desde aquí, es la siguiente: si 7 nombres ya bastan para hablar de una crisis de seguridad para la comunidad estudiantil de la UAEM, qué palabra corresponde a los miles que, en el mismo periodo, murieron sin que nadie afuera de su familia supiera su nombre.

Las que no tenían consulado Ver el expediente →